El Gobierno nacional tiene decidido avanzar con la baja de aranceles a la importación de celulares, una medida que impacta de lleno en la industria tecnológica radicada en la provincia de Tierra del Fuego. Según confirmaron fuentes oficiales, el decreto con la nueva normativa será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial, sin modificaciones ni marcha atrás, pese al creciente conflicto político y gremial que comenzó a gestarse en la isla.
El gobernador fueguino, Gustavo Melella, advirtió que si la medida se concreta tal como fue anunciada, recurrirá a la Justicia para frenar su implementación. “Estos son puestos de trabajo que se pierden. Ya lo vivimos durante el gobierno de Mauricio Macri, con las notebooks. No queremos volver a eso”, señaló Melella en declaraciones a Radio Provincia de Ushuaia.
En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) declaró un paro por tiempo indeterminado en defensa del empleo en el sector, con posibilidad de extender las medidas de fuerza. Desde Buenos Aires, sin embargo, voceros de La Libertad Avanza descartaron cualquier tipo de negociación. “Ya no hay nada que hablar con la provincia. Es una decisión tomada”, aseguró una fuente del oficialismo.
La medida oficial: baja arancelaria y reducción de impuestos internos
El decreto establece la eliminación gradual del arancel del 16% a la importación de teléfonos celulares, en dos etapas: primero una reducción al 8%, con efecto inmediato este viernes; y luego la eliminación total del arancel a partir del 15 de enero de 2026. En paralelo, se reducirán los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19% al 9,5%; y para los producidos en Tierra del Fuego, del 9,5% al 0%.
En la conferencia de prensa del martes, el vocero presidencial Manuel Adorni justificó la medida con un argumento de corte liberal: “Es ridículo que haya argentinos que deban pagar pasaje y hotel para comprar un celular en otro país y aun así les resulte más barato. Esto tiene que terminar”.
Un alto funcionario del Ejecutivo calificó la medida como “la más popular que podemos tomar”, lo que da cuenta del enfoque político que subyace a la decisión: desmontar beneficios fiscales que el oficialismo considera “privilegios injustificables” para determinados sectores.
El régimen fueguino en la mira
Si bien el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la Ley Bases no tocaron directamente el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, el Gobierno ahora planea avanzar en una revisión profunda del esquema. “No tiene sentido que los argentinos sigamos subsidiando una zona del país con reglas que se definieron hace 50 años”, afirmó Adorni en una entrevista reciente.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció que la decisión tendrá un impacto negativo en el empleo fueguino, pero la defendió como parte de una transformación estructural: “La economía provincial tiene que diversificarse y dejar de depender exclusivamente del régimen fiscal. El turismo, por ejemplo, debería jugar un rol central”.
Desde el oficialismo apuntan directamente a las empresas que operan en la isla, como Mirgor y Newsan. “Se llenaron de plata durante años. No somos responsables de que sigan ganando o pierdan”, declaró el diputado libertario por Tierra del Fuego Santiago Pauli.
Reclamos y silencio oficial
En la Gobernación fueguina denuncian que no fueron consultados sobre la medida ni recibieron respuesta a los reiterados pedidos de diálogo. “El Gobierno ni conoce el plan de desarrollo provincial. Lo que pedimos es discutirlo en serio, no este tipo de anuncios unilaterales”, aseguran cerca de Melella.
El trasfondo económico también encuentra sustento en informes internacionales. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las exenciones fiscales como las que rigen en Tierra del Fuego generan distorsiones e inequidades tributarias. A nivel local, el think tank Fundar calcula que el subrégimen industrial tiene un costo fiscal de 1.070 millones de dólares anuales, equivalente al 0,22% del PBI.
La tensión entre la Casa Rosada y Tierra del Fuego no solo pone en juego el futuro de un modelo productivo, sino también el equilibrio entre una estrategia de desarrollo regional y la lógica de desregulación que propone el Gobierno nacional. La judicialización, de concretarse, abrirá una nueva etapa en este conflicto.
