Debate y Convergencia

Subsidios Millonarios y el Poder de las Organizaciones Sociales en el Gobierno de Alberto Fernández

l mandato de Alberto Fernández fue un periodo de sustancial apoyo financiero a las organizaciones sociales que lo respaldaron en su ascenso a la Casa Rosada. A lo largo de sus cuatro años de gestión, canalizó 15,8 mil millones de pesos hacia cooperativas y organizaciones civiles, con una significativa porción destinada a programas como Potenciar Trabajo, urbanización de barrios y Alimentar. De estas sumas, alrededor de cinco mil millones de pesos fueron asignados a ocho cooperativas y asociaciones vinculadas a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de extracción peronista. Entre las 62 entidades beneficiadas, solo una, la Asociación Civil Polo Obrero, pertenece a una agrupación piquetera de izquierda, recibiendo una cifra notablemente inferior.

Los datos revelados por el Ministerio de Capital Humano, en el marco de la investigación sobre los “comedores fantasmas” llevada a cabo por el fiscal federal Ramiro González, muestran un complejo entramado de relaciones y subsidios que beneficiaron a diversas organizaciones vinculadas a dirigentes populares y exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

El ranking de las entidades más beneficiadas lo encabeza la Asociación Civil Centro de Estudios y Trabajo para la Igualdad Social (CEyTIS) con 1,5 mil millones de pesos, seguida por la Municipalidad de Pilar con 1,3 mil millones de pesos. Otras organizaciones destacadas incluyen la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada y la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, ambas vinculadas a Juan Grabois, y la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, asociada al Movimiento Evita y Emilio Pérsico.

Con la llegada de La Libertad Avanza al poder, bajo la dirección de Javier Milei, se han implementado cambios drásticos en la distribución de subsidios, buscando eliminar la “tercerización” de la ayuda social y asegurando que los recursos lleguen directamente a las personas vulnerables. Esta medida, apoyada inicialmente por Cristina Fernández de Kirchner, ha generado controversia y es objeto de investigaciones judiciales.

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