El ministro de Economía, Sergio Massa, continúa las negociaciones para reformular el programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Se espera que viaje a Washington en las próximas semanas para la firma del nuevo convenio. Como medida de buena voluntad, el Gobierno analiza la posibilidad de realizar un pago parcial utilizando los Derechos Especiales de Giro del Banco Central, que ascienden a aproximadamente u$s 1.700 millones.

El objetivo del ministro es tener todos los detalles del acuerdo resueltos antes de viajar a Washington. Los adelantos, etapas y fechas de desembolso, así como el porcentaje destinado a intervenir en los mercados de divisas paralelos, son aspectos clave que se están discutiendo con el FMI a través de reuniones virtuales lideradas por Marco Lavagna y Leonardo Madcur, junto con autoridades del gobierno de Estados Unidos.

Si bien tanto la Casa Blanca como el Fondo Monetario Internacional parecen evitar que Argentina caiga en el abismo, especialmente en tiempos electorales, es importante destacar que el organismo multilateral cuenta con una estructura compleja en la que los directores de países con posturas más ortodoxas también tienen voz y voto.

El Gobierno debe operar a diferentes niveles para lograr que el acuerdo alcanzado con el personal técnico del FMI sea respaldado en el directorio. En los próximos días, Argentina deberá afrontar vencimientos cercanos a los u$s 3.000 millones. Si bien existe la posibilidad de postergar los pagos durante las negociaciones, fuentes gubernamentales indicaron que se analiza realizar un pago parcial de aproximadamente u$s 1.700 millones.

Esta cifra se basa en los Derechos Especiales de Giro disponibles en el Banco Central, que resultan de los desembolsos previos del Fondo Monetario Internacional. Según las fuentes oficiales, este pago parcial serviría para “descomprimir las negociaciones y mostrar buena voluntad”.

El Gobierno espera señales del FMI y está negociando un cronograma específico para el resto del año. La estabilidad cambiaria es una prioridad y se busca evitar una revisión que ponga en riesgo la misma durante septiembre, como indica el esquema actual. Es evidente que la sequía ha afectado las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas previstas, lo que podría requerir adaptaciones en el nuevo programa, considerando el impacto económico estimado en aproximadamente u$s 17.000 millones.

En términos de mercado, las miradas están puestas en la cantidad de dólares frescos que el Gobierno pueda obtener en estas negociaciones. A principios de año, Massa mencionó que se necesitaban alrededor de u$s 10.000 millones adicionales para atravesar el 2023 sin sobresaltos en el ámbito cambiario. Tras obtener u$s 5.000 millones y las SIRAS nominadas en yuanes en China, ahora se busca lograr la misma cifra con el principal rival geopolítico del gigante asiático.