Durante el paro de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, responsabilizó a las empresas que operan el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sugirió posibles vínculos políticos. En un tono propio de la campaña electoral, Massa involucró al Gobierno porteño en la negociación que llevó a levantar la medida de fuerza.

Mientras el ministro de Transporte, Diego Giuliano, llevaba a cabo las negociaciones para desactivar el paro, Massa encabezó un acto en San Fernando y calificó a ciertos grupos empresarios como “parásitos del Estado” que pretenden extorsionar a los trabajadores tomando de rehenes. El ministro mencionó al Grupo DOTA, controlado por la familia Faijá, y al grupo Metropol, de los hermanos Zbikoski, como los responsables de esta situación.

Además, Massa realizó un comentario sugerente al referirse a estos grupos empresariales como “el amarillo”, haciendo alusión al color que identifica al PRO, partido líder de Juntos por el Cambio. Con esta declaración, el ministro vinculó el conflicto del transporte con la disputa política en vísperas de las elecciones presidenciales.

El candidato presidencial de Unión por la Patria señaló que estos grupos empresarios pretenden que el Estado les garantice rentabilidad, pero afirmó que el Gobierno defiende el derecho de las personas a viajar para ir a trabajar y que enfrentará a aquellos que sean parásitos del Estado y busquen extorsionar.

Massa mantuvo un tono electoral al relacionar el conflicto del transporte con la discusión de dos modelos de país. También destacó la importancia de que los empresarios rindan cuentas y no utilicen el dinero del Estado para la especulación financiera.

El conflicto del paro de colectivos ha adquirido relevancia en la campaña electoral, ya que involucra a Massa como candidato presidencial y a Giuliano, uno de sus hombres de confianza, en el Ministerio de Transporte. Massa resaltó el rol de Giuliano y también mencionó a Axel Kicillof, actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en la defensa del derecho de los trabajadores y la gestión de los recursos estatales.

El Gobierno ha responsabilizado a las empresas del sector por el atraso en la actualización salarial de los trabajadores del transporte, mientras que las empresas apuntan al Estado por supuestas demoras en la actualización de los fondos subsidiados. Ambas partes niegan las acusaciones respectivas, y las críticas de Massa a los empresarios reflejan la línea discursiva del Gobierno para abordar el conflicto.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, respaldó los comentarios de Massa y calificó el conflicto como un “lockout patronal” con “intencionalidad política”. También se anunciaron multas a las empresas por retención indebida de fondos, aunque las negociaciones entre el Estado, las empresas y los sindicatos continúan para evitar nuevas medidas de fuerza.