La empresa de seguridad privada Securitas ha reconocido ante la Justicia haber realizado pagos millonarios en concepto de coimas a funcionarios entre 2014 y 2018. Estos pagos ilegales tenían como objetivo obtener contratos de servicios de vigilancia en diversos organismos públicos a nivel nacional y provincial, así como en empresas estatales y dependencias gubernamentales en la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La confesión de Securitas se dio en el marco de un expediente dirigido por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y ha resultado en la detención de nueve personas, además de más de 50 allanamientos llevados a cabo en todo el país como parte de la investigación.
La empresa inició este proceso en 2020 al denunciar a sus antiguos directivos por abusar de su posición para obtener beneficios personales y corporativos a expensas de la empresa. Según lo informado por el diario LA NACION, la investigación abarca pagos indebidos desde 2014 hasta 2018, abarcando los períodos de gobierno de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y se están investigando episodios anteriores desde 2012.
Los pagos ilegales admitidos por Securitas se realizaron en diversos organismos públicos y empresas estatales como el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el SENASA, Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y la empresa estatal de aguas AYSA, entre otros.
Entre los casos denunciados se mencionan pagos irregulares a la UOCRA para obtener contratos de vigilancia en obras de YPF, el Conicet y el Centro Cultural Kirchner (CCK), así como en relación con empresas intermedias de servicios públicos como Aeropuertos Argentina 2000 y la Terminal de Cargas Argentina, e incluso con la petrolera venezolana PDVSA.
A pesar de que la investigación ha dado lugar a detenciones y allanamientos recientes, se reveló que Securitas firmó un “acuerdo de colaboración eficaz” con el Ministerio Público Fiscal hace casi dos años, en mayo de 2022. Esto marca un compromiso de la empresa en cooperar con la justicia para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
