Los recientes saqueos que se desataron en varios puntos del Conurbano han resultado en 94 detenidos, de los cuales solo 63 han sido imputados por el Ministerio Público Fiscal hasta el momento.

La jornada del martes se caracterizó por hechos de violencia que se replicaron en supermercados y comercios, generando un clima de temor en las calles y reavivando la preocupación por los saqueos en la provincia.

Aunque las fuerzas de seguridad lograron detener a 94 individuos, solo 63 de ellos han sido formalmente imputados. En el ámbito de la procuración bonaerense se han abierto 27 causas penales relacionadas con estos eventos. Antecedentes previos indican que 73 de los detenidos tenían historial penal.

Entre los detenidos no imputados se encuentran menores de edad y personas a las que no se les encontraron elementos suficientes para formular cargos en su contra. En algunos casos, las detenciones ocurrieron debido a la presencia de los individuos cerca de los lugares donde se desarrollaron los saqueos.

Los imputados enfrentan cargos de robo agravado por haberse cometido en estado de conmoción pública, en poblado y en banda, con la participación de menores de edad. Las penas por este delito oscilan entre 4 y 15 años de prisión, lo que mantiene a los detenidos bajo custodia.

El gobierno de Axel Kicillof ha optado por mantener silencio respecto a los detenidos, afirmando que la justicia es la entidad encargada de decidir sobre su futuro.

Carlos Bianco, jefe de Asesores del gobierno provincial, comentó sobre la situación, mencionando que hubo un intento de generar caos, pero en general, los vecinos se solidarizaron con los comerciantes afectados y atribuyó los eventos a una situación rara, organizada y planificada. Además, sugirió que existe una fuerza política que podría beneficiarse de este tipo de caos y que actuó rápidamente para capitalizarlo.

Por otro lado, se han descartado las acusaciones de que personas vinculadas a Javier Milei estén detrás de los saqueos, ya que se considera poco probable que cuenten con la operatividad para organizar tal evento.

Estas recientes acusaciones se suman a una serie de episodios previos. En abril, por ejemplo, ocurrió el asesinato del chofer Pedro Barrientos en La Matanza, lo que generó acusaciones de crimen organizado y provocó tensiones políticas. Sin embargo, los resultados de investigaciones pasadas han demostrado la dificultad de establecer culpables y han dejado en algunos casos crímenes impunes.