Con la mirada puesta en el inminente desembarco del nuevo Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py —previsto para el 11 de agosto—, el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, encabezó este lunes una reunión estratégica con funcionarios judiciales de todo el país. El encuentro, realizado en el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia, reunió a responsables de las Oficinas Judiciales de las jurisdicciones donde el sistema acusatorio ya está vigente y de aquellas donde comenzará a aplicarse en los próximos meses.

El objetivo formal fue trazar un diagnóstico de funcionamiento, relevar necesidades y unificar criterios de gestión. Pero, en los hechos, la reunión marcó un gesto institucional fuerte: la Corte Suprema parece decidida a asumir la conducción de la implementación del nuevo sistema penal, desplazando al Ministerio de Justicia, que había venido promoviendo el cambio como una bandera propia.

Dos señales apuntalan esa lectura. Por un lado, la decisión de avanzar en la incorporación de tecnología para que el sistema Lex 100 permita la carga de videos, un cambio clave que habilitará el registro y acceso a las audiencias orales, eje del nuevo modelo. Por otro, la convocatoria directa a los titulares de las Oficinas Judiciales, que quedarán bajo la órbita de supervisión de la Corte y el Consejo de la Magistratura, institucionalizando un nuevo esquema de control.

Las Oficinas Judiciales son órganos administrativos que, en el marco del sistema acusatorio, organizan la logística procesal para que los jueces puedan concentrarse en las audiencias orales. Son claves en la transición del modelo inquisitivo al modelo acusatorio, en el que la responsabilidad de la investigación recae sobre los fiscales.

Participaron del encuentro los titulares de las oficinas judiciales de Salta, Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, General Roca, Mar del Plata y la Casación Penal Federal. También asistieron representantes de las cámaras federales de Bahía Blanca, Corrientes, Resistencia, Comodoro Py y el fuero penal económico, jurisdicciones donde el nuevo código comenzará a aplicarse próximamente.

En la reunión se discutieron temas como la unificación de criterios de gestión, la estandarización de datos estadísticos, las buenas prácticas para cada etapa del proceso (garantías, revisión, juicio, ejecución), y la interoperabilidad entre los sistemas del Ministerio Público, la Defensa y el Poder Judicial. También se abordaron cuestiones de infraestructura, recursos humanos y nuevas herramientas tecnológicas, como los sistemas de desgrabación de audiencias desarrollados por el Consejo de la Magistratura.

Además de Rosatti, participaron el administrador general del Consejo, Alexis Varady; el director general de Tecnología, Hernán Rondinella; y funcionarios de Infraestructura Judicial. Se fijó una agenda de trabajo y se establecieron mecanismos de comunicación permanente entre la Corte, el Consejo y las Oficinas Judiciales, con la Cámara Federal de Casación como centro coordinador.

La reunión dejó un mensaje claro: la Corte Suprema busca liderar el proceso de transformación judicial más importante de las últimas décadas, reforzando su rol institucional en un terreno hasta ahora dominado por el Poder Ejecutivo. La implementación en Comodoro Py, símbolo del poder judicial federal, será la próxima prueba.