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El eventual avance de la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca debatir en sesiones extraordinarias del Congreso podría abrir un extenso frente judicial y quedar, en los hechos, paralizado durante meses o incluso años. Así lo advirtió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, al subrayar que el sistema argentino de control de constitucionalidad habilita a cualquier juez a declarar la invalidez de una ley, aun después de su aprobación parlamentaria.
Según explicó el magistrado, ese esquema —conocido como control de constitucionalidad “difuso”— permite que distintos tribunales del país adopten decisiones contradictorias sobre una misma norma, hasta que la Corte Suprema intervenga y unifique criterio. “El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso. Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”, señaló.
En ese contexto, Rosatti alertó que una reforma laboral de gran alcance podría ver suspendida o limitada su aplicación práctica a partir de fallos dispersos en juzgados laborales, generando un escenario de incertidumbre jurídica prolongada. Se trata, recordó, de una situación que ya se produjo con parte del régimen laboral incluido en la Ley Bases, que fue declarado inconstitucional por un juez del fuero laboral y aún no cuenta con una resolución definitiva del máximo tribunal.
“El sistema vigente no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad, incluso apartándose de la doctrina de la Corte”, remarcó Rosatti en una entrevista concedida a Perfil. Esa característica, sostuvo, es estructural del modelo constitucional argentino y no puede ser neutralizada de manera automática por una decisión legislativa.
Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore cláusulas que obliguen a todos los tribunales a acatar los fallos de la Corte Suprema, el presidente del máximo tribunal fue prudente. Reconoció que, como poder del Estado, el Congreso podría intentarlo, pero advirtió que una norma de ese tipo sería inmediatamente cuestionada y terminaría bajo análisis de la propia Corte. “La Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó. Y añadió que solo en el caso de que el tribunal la declare válida podría servir para evitar la reiteración de litigios sobre los mismos temas.
Rosatti también puso el foco en las consecuencias prácticas del esquema actual para el funcionamiento del Poder Judicial. Reveló que cerca del 60% de las causas que llegan a la Corte provienen del propio Estado, que insiste en cuestionar decisiones previsionales ya resueltas por el tribunal. “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener un 60% menos de trabajo y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo”, graficó.
Para el titular de la Corte, el debate sobre la reforma laboral excede el plano ideológico y se inscribe en una discusión más amplia sobre la eficiencia institucional y la seguridad jurídica. En ese marco, dejó planteada la necesidad de encontrar mecanismos que eviten que reformas estructurales de gran impacto económico y social queden atrapadas durante años en un limbo judicial, con efectos concretos sobre la previsibilidad del sistema y la capacidad del Estado para implementar políticas públicas.
