La directora de Aduanas, Rosana Lodovico, se encuentra en el centro de la polémica judicial tras conocerse que tomó un préstamo de u$s250.000 con una empresa denunciada por contrabando. El crédito fue acordado en 2022, cuando ocupaba el cargo de subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, ascendiendo luego a directora con la llegada de Javier Milei al organismo.

El préstamo, según lo declarado por Lodovico ante la Oficina Anticorrupción, fue obtenido de la empresa Promarlon SA, cuyo propietario, Claudio Gabriel Szlaien, se había acogido a una moratoria para saldar deudas aduaneras generadas por contrabando. La causa, que tramita el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín, involucra tanto a miembros de la empresa como a otros funcionarios públicos de la Aduana, señalando connivencia en actividades ilícitas.

El préstamo, utilizado para la compra de una vivienda en conjunto con su exmarido, Luis Antonio Bocassi, generó cuestionamientos sobre la idoneidad de la operación, dado el historial de la empresa prestamista. Lodovico, con una trayectoria de 30 años en Aduana, ha negado tener conocimiento previo de las actividades de la empresa y ha afirmado que se asesoró legal y financieramente antes de acceder al crédito.

El caso ha adquirido relevancia política, especialmente luego de las declaraciones de Javier Milei respecto a la corrupción en su gestión. Aunque desde el Gobierno aún no se han pronunciado al respecto, el escándalo ha puesto en el centro de la atención la integridad y la transparencia en el manejo de los asuntos aduaneros y ha generado un debate sobre los vínculos entre funcionarios públicos y empresas denunciadas por actividades ilícitas.