La ofensiva del kirchnerismo contra la justicia federal ha alcanzado un nuevo nivel, revelando el uso masivo de espionaje ilegal dirigido a ministros de la Corte Suprema de Justicia y magistrados involucrados en casos sensibles para la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Este último episodio se suma a una serie de intentos anteriores para frenar causas por corrupción, que incluyen propuestas como reducir las jubilaciones de los magistrados para incentivar su retiro, reformar la justicia federal, crear una “Comisión Beraldi” para cambiar la estructura del Poder Judicial, y expandir la Corte Suprema de cinco a quince miembros. Sin embargo, el campo de batalla principal de esta guerra ha sido la manipulación de medios de comunicación y redes sociales con información perjudicial sobre jueces, fiscales y denunciantes de casos judiciales incómodos para el kirchnerismo.

Recientemente, se ha revelado que muchos de estos datos, a menudo personales y privados, provienen del espionaje ilegal, realizado por informantes que operan en los límites entre el Estado y el paraestado, ofreciendo sus servicios para difundir información comprometedora.

El fiscal federal Gerardo Pollicita ha expuesto esta red de espionaje ilegal en un informe que detalla la utilización de información ilegal acumulada en dispositivos electrónicos del exagente policial Ariel Zanchetta. Este último fue arrestado por proporcionar información clave para hackear los teléfonos de los ministros de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, entre otros.

Pollicita y el juez Marcelo Martínez de Giorgi investigan la existencia de una organización criminal que ha llevado a cabo acciones coordinadas para vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de diversos magistrados y funcionarios judiciales, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades y tomar control de sus líneas de teléfono. Uno de los nodos clave en esta red de espionaje ilegal es el exagente Zanchetta, quien ofrece datos sensibles e ilegales al mejor postor, a menudo respondiendo a las demandas de figuras prominentes del kirchnerismo.

En particular, los diputados Rodolfo Tailhade y Fabián “Conu” Rodríguez se destacan como actores centrales en esta trama, utilizando información de Zanchetta para presionar a jueces, fiscales y ministros de la Corte a través de medios afines al gobierno y fomentando el controvertido proyecto de juicio político contra los miembros de la Corte. Sin embargo, este último plan ha sido cuestionado después del descubrimiento de sus vínculos con el espionaje ilegal.

La investigación judicial ha avanzado, con el allanamiento de “Conu” Rodríguez y la posibilidad de que Tailhade también sea investigado. Además, las víctimas del espionaje de Zanchetta podrían presentarse como querellantes en el caso para obtener información sobre lo que el espía y sus contratantes saben sobre ellos. La magnitud de esta revelación y su impacto en la política y la justicia aún están por determinarse.