El presidente, Javier Milei, ha llegado a una conclusión perturbadora en relación con los inmuebles que pertenecen a cada entidad gubernamental: a pesar de los esfuerzos por recopilar datos precisos, no se cuenta con información certera y completa sobre la cantidad total de propiedades en posesión del Estado.

La documentación oficial de una auditoría revela discrepancias significativas entre las cifras de inmuebles declaradas por los ministerios y organismos y los datos proporcionados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), entidad encargada de regular, controlar y fiscalizar los inmuebles estatales.

Según informes del periodista Bruno Yacono sobre la auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en colaboración con los ministerios y organismos descentralizados, el Estado Nacional utiliza alrededor de 19.189 inmuebles, excluyendo aquellos pertenecientes a las carteras de Seguridad y Defensa, cuya información se mantiene confidencial por razones de seguridad nacional.

Los datos detallan que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) declaró poseer 10.105 inmuebles (4639 relevados y 5466 no relevados), mientras que la AABE registra que este organismo dispone de 11.432 propiedades.

Sin embargo, se observan discrepancias en ambos sentidos: algunos ministerios informan tener más inmuebles de los registrados por la AABE, y viceversa. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo declaró poseer 120 inmuebles, mientras que la AABE reporta solo 105 propiedades.

Parques Nacionales declaró tener 80 inmuebles, pero la AABE registra 153. La Dirección Nacional de Migraciones informó 13 inmuebles propios, mientras que la AABE consigna 35, y fuentes oficiales aclaran que cuentan con 43, incluyendo alquileres y cesiones de uso.

El caso más preocupante es el de la Cancillería, que reportó tener 61 inmuebles cuya titularidad carece de documentación. Estas edificaciones fueron asignadas hace más de 20 años por la AABE, pero la Cancillería no posee documentación que acredite su titularidad, especialmente en el caso de edificaciones utilizadas por organizaciones religiosas.

La revelación de estas discrepancias arroja luz sobre una preocupante falta de control y gestión de las propiedades estatales, lo que genera incertidumbre sobre su correcta administración y titularidad.