Las centrales sindicales muestran diferentes evaluaciones ante las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, reflejando sus distintas posturas políticas. Mientras la CGT ofrece un respaldo inmediato, la CTA de los Trabajadores valora las acciones con ciertas reservas y la CTA Autónoma emite críticas.

La CGT aplaude las decisiones del ministro de Economía, Sergio Massa, al considerarlas como fortalecedoras del salario y generadoras de trabajo, producción y desarrollo. Hugo Yasky, líder de la CTA alineada al kirchnerismo, también celebra la respuesta gubernamental en favor de los sectores más afectados por la situación económica. No obstante, Yasky subraya la importancia de distribuir equitativamente y proteger a la población de los abusos de especuladores.

Desde el Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la CTA, se analizan los números de las medidas, señalando que más de un billón de pesos serán inyectados en la economía, con un esfuerzo fiscal de $830.018.000. Además, se destaca que el 41,6% de los recursos dirigidos a asalariados privados puede ser financiado con recursos públicos. A pesar de estos cálculos, no se proporciona percepción sobre las líneas de crédito ni la suspensión de la medicina prepaga debido a la dificultad de evaluarlas en el contexto económico actual.

Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy, líder de la CTA Autónoma, critica la falta de contundencia en las medidas gubernamentales, afirmando que no satisfacen las necesidades reales de los trabajadores. Para Godoy, la suma fija asignada para los empleados públicos no es suficiente, y recalca que muchos trabajadores municipales y provinciales están en situación precaria. También expresa la preocupación de su central sobre los condicionamientos del endeudamiento externo y critica el plan del FMI.

El secretario general electo de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, comparte la perspectiva crítica, argumentando que la suma fija dispuesta es insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido debido a la devaluación. Aguiar considera que las medidas representan un parche y no una solución duradera para los trabajadores en situación de pobreza. La modalidad de pago en cuotas y la exclusión de ciertos trabajadores también levantan preocupaciones, al considerar que impactarán en las negociaciones salariales. En este contexto, ATE exige la reapertura urgente de las discusiones salariales.