La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó, en una votación empatada 4-4, la creación de la primera escuela pública de gestión autónoma y confesional del país, una decisión que mantiene en pie el fallo previo del máximo tribunal de Oklahoma. El caso, sin antecedente directo a nivel federal, gira en torno a la Escuela Virtual Católica San Isidoro de Sevilla, impulsada por la Arquidiócesis de Oklahoma City y la Diócesis de Tulsa, que buscaban establecer una institución con currículo religioso financiada con fondos públicos.

El proyecto contemplaba una escuela virtual de alcance estatal con enseñanzas integradas de la fe católica. Pero al no lograrse una mayoría en la Corte Suprema, el fallo estatal que declaró inconstitucional su creación quedó firme, aunque sin sentar jurisprudencia nacional. La jueza Amy Coney Barrett se excusó de participar por su vínculo con una clínica legal de Notre Dame involucrada en el caso, lo que derivó en el empate técnico. Según NPR, la Corte no detalló los votos individuales ni emitió opinión firmada.

¿Qué proponía St. Isidore?

Aprobada por la Junta Estatal de Escuelas Públicas Autónomas de Oklahoma en junio de 2023, la escuela iba a operar de forma totalmente virtual y exigiría a sus estudiantes la aceptación explícita de enseñanzas católicas como parte del plan de estudios. La medida fue inmediatamente impugnada por el fiscal general del estado, Gentner Drummond, quien sostuvo que financiar con dinero público una escuela confesional violaba tanto la Constitución estatal como la federal.

En 2024, la Corte Suprema de Oklahoma dio la razón al fiscal. El tribunal determinó que el proyecto vulneraba la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda, que prohíbe al Estado promover religiones específicas, informó NBC News.

Un caso testigo con final abierto

Durante las audiencias orales en abril de 2025, los jueces liberales de la Corte expresaron su preocupación por el precedente que podría sentar una escuela pública abiertamente religiosa. El presidente del tribunal, John Roberts, también se mostró escéptico ante la magnitud de la participación estatal en el caso, señalando que era “mucho más amplia” que en fallos anteriores donde se había permitido acceso igualitario a beneficios públicos para entidades religiosas.

El punto clave de este caso fue que St. Isidore no era una escuela privada que accedía a subsidios estatales —como sí sucedió en otras sentencias recientes—, sino una institución directamente incorporada al sistema público mediante el modelo de escuelas “charter”, gestionadas con fondos públicos pero con autonomía pedagógica.

La abstención de Barrett y sus implicancias

Amy Coney Barrett, figura central de la mayoría conservadora en la Corte, se abstuvo de votar debido a su relación con la Universidad de Notre Dame, cuya clínica legal asesoró a los promotores del colegio religioso. Su recusación dejó el caso en empate, lo que impidió modificar la resolución del tribunal de Oklahoma.

La organización Fix the Court celebró su decisión como un gesto de ética judicial. No obstante, expertos en derecho constitucional señalan que el tema está lejos de cerrarse: si casos similares surgen sin conexión con Notre Dame, podrían regresar al máximo tribunal, explicó The Washington Post.

¿Qué significa esta decisión para otras escuelas religiosas?

Aunque no fija un precedente federal, el fallo refuerza el principio de neutralidad estatal en el sistema público de educación. Bajo las leyes actuales, los fondos públicos pueden llegar a escuelas religiosas mediante programas indirectos como vouchers, siempre que la decisión de asistir provenga de los padres y no del Estado. Pero las escuelas “charter” son consideradas parte del sistema estatal y, por tanto, deben respetar el carácter laico que exige la Primera Enmienda.

Organizaciones defensoras del laicismo celebraron la decisión como una defensa clave de la separación Iglesia-Estado. En contraste, grupos religiosos que promueven la “libertad de elección escolar” vieron frustrado un intento clave por expandir el alcance de la educación confesional financiada por el erario.

La Corte Suprema de Oklahoma fue enfática: mientras las escuelas públicas sean creadas, financiadas y supervisadas por el Estado, no pueden impartir doctrinas religiosas obligatorias. La batalla legal, sin embargo, parece lejos de haber terminado.