Durante la marcha universitaria de ayer, que fue una manifestación contra las medidas de ajuste del Gobierno de Javier Milei, se reveló que las transferencias de fondos a más de 50 universidades nacionales han disminuido drásticamente en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo período del año pasado. En promedio, estas transferencias cayeron un 34,2%.
La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo es una de las más afectadas, ya que desde el comienzo de 2024 no ha recibido ningún tipo de financiamiento, mientras que la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), con la mayor cantidad de alumnos, ha sido la que más recursos ha recibido.
El Programa Desarrollo de la Educación Superior, que representa más del 90% del gasto de estas instituciones, tiene el presupuesto más bajo registrado en términos reales, descontando la inflación. Además, en comparación con los últimos seis años, las erogaciones en relación al PBI son menos de un tercio.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) analizó estas cifras, revelando que las transferencias a las universidades ascendieron a $497.636 millones en el primer trimestre de este año, frente a los $203.735 millones del mismo período del año pasado. Sin embargo, si se considera la inflación, se observa una caída real del 34,2% interanual.
La UBA encabeza la lista de universidades que más fondos han recibido en 2024, seguida por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Rosario. En contraste, algunas instituciones más pequeñas han sufrido recortes más pronunciados, como la Universidad de San Antonio de Areco, la Universidad de Rafaela y la Universidad de Defensa Nacional.
El conflicto se enmarca en una discusión más amplia sobre la financiación de la educación superior en Argentina, con críticas al ajuste del Gobierno y su impacto en las universidades públicas. El presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior es considerado insuficiente por diversos actores del ámbito educativo, quienes advierten sobre el riesgo de afectar la calidad de la enseñanza y la continuidad de los servicios universitarios.
