El gobierno liderado por Javier Milei presentó el ambicioso proyecto de la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, más conocido como “Ley Ómnibus”, con una extensa estructura de 664 artículos distribuidos en 351 páginas. Dentro de este proyecto, se destacan diversas modificaciones, entre ellas, la propuesta de alterar cinco artículos de la ley 20.091 “Ley de entidades de seguros y su control”.

Uno de los objetivos fundamentales detrás de estas reformas es otorgar a las compañías de seguros una mayor autonomía para definir sus productos sin requerir autorización previa del ente supervisor, lo que se plantea para generar dinamismo en el sector asegurador.

Específicamente, se aborda una modificación relevante referida al artículo 210 del proyecto de ley, que busca sustituir el artículo 36 de la ley 27.541, conocida como “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”. Esta modificación afecta directamente al Impuesto PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), el cual establece un gravamen del 30% en operaciones con moneda extranjera.

El artículo 36 originalmente excluía del pago de este impuesto a entidades aseguradoras bajo propiedad del Estado nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el proyecto de la “Ley Ómnibus” propone una alteración que eliminaría esta excepción, haciendo que todas las aseguradoras deban abonar el Impuesto PAIS del 30%, equiparando las exigencias fiscales para todos los operadores del mercado asegurador.

En caso de ser aprobada, esta reforma representaría una igualación de condiciones fiscales para todas las aseguradoras, eliminando la excepción previa y estableciendo un escenario en el que todas las entidades estarían obligadas al pago del Impuesto PAIS, sin distinción de su propiedad estatal o privada.