El debate sobre la venta de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas comenzó a intensificarse tras las medidas de fuerza impulsadas por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). El gremio inició un reclamo por mejoras salariales que derivó en la cancelación y reprogramación de varios vuelos tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, afectando a miles de pasajeros.

Ante esta situación, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el presidente Javier Milei tiene la intención de firmar un decreto para avanzar con la privatización de la aerolínea de bandera. Según Adorni, la medida responde a la necesidad de reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia operativa de la empresa, que ha estado bajo administración estatal durante años, acumulando pérdidas significativas.

El conflicto, que ya lleva más de un mes, ha generado un creciente malestar en el sector aeronáutico y en la opinión pública. En medio de este escenario, un diputado del PRO presentó un proyecto de ley en el Congreso para privatizar Aerolíneas Argentinas, siguiendo el ejemplo de la década de 1990, cuando la compañía fue privatizada por primera vez antes de ser renacionalizada años después.

El proyecto fue rápidamente elevado a la Comisión de Presupuesto y Transporte, donde comenzó a ser debatido con posturas encontradas entre los distintos bloques políticos. Mientras que desde el oficialismo se argumenta que la privatización es necesaria para asegurar la viabilidad a largo plazo de la empresa, sectores de la oposición y los gremios defienden la gestión estatal, sosteniendo que Aerolíneas es un símbolo de soberanía y conectividad en el país.

El desenlace del conflicto y el avance del proyecto de ley se perfilan como un tema central en la agenda política, dado que no solo involucra la situación de una de las principales empresas estatales del país, sino que también pone en juego el modelo de gestión de los servicios públicos en la Argentina.