El próximo miércoles marcará un día crucial para el gobierno de Javier Milei con la puesta a prueba del flamante “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich, frente a una masiva convocatoria a la Plaza de Mayo, organizada por grupos de izquierda, derechos humanos, estudiantes y sindicatos en conmemoración del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001. Se espera un escenario de máxima tensión en las calles del microcentro porteño. La zona capitalina estará resguardada por la Policía de la Ciudad, con la posibilidad de solicitar asistencia adicional de fuerzas federales, como Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, según fuentes consultadas.
La designación de Diego Kravetz al frente de la policía días atrás y su firme respaldo a los agentes subrayan el tono de defensa ante lo que pueda acontecer. Asimismo, se llevará a cabo un “homenaje” a los agentes de la Ciudad heridos en 2017, durante una manifestación que impidió el avance de la reforma previsional del macrismo en el Congreso, conocido como el día de “las 14 toneladas de piedra”.
Un alto funcionario de Seguridad Nacional, en condición de anonimato, aseguró que las fuerzas federales están preparadas para brindar su apoyo a la Ciudad y subrayó que el protocolo prohíbe el uso de armas de fuego letales, aunque detalló los recursos disponibles para posibles acciones represivas: “Los agentes podrán emplear balas de goma, gases lacrimógenos, cachiporras, camiones hidrantes y todo lo necesario para disolver las protestas en grupo”, afirmó la fuente, quien tiene contacto directo con Bullrich.
El protocolo de Seguridad contempla la detención de manifestantes en “flagrancia”, respaldándose en el artículo 194 del Código Penal, y habilita a compartir información personal de los detenidos entre distintas dependencias estatales, con posibles repercusiones en beneficios sociales o profesionales.
Por su parte, la izquierda se prepara para una movilización multitudinaria, esperando entre 25 mil y 50 mil personas en la marcha que recorrerá desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en horas de la tarde, conmemorando las víctimas del 2001 y cuestionando las políticas de ajuste de Milei.
A pesar de su convocatoria, el bloque piquetero no cuenta con el respaldo de la CGT ni la UTEP, gremio que agrupa a organizaciones kirchneristas. Ante la coyuntura, destacados dirigentes priorizan evitar confrontaciones directas para evitar estigmatizaciones. Sin embargo, anuncian eventos próximos como ferias populares y celebraciones en Plaza de Mayo.
Ante el cerco policial, los organizadores dispondrán abogados en estaciones de trenes para evitar detenciones arbitrarias y esperan el aval de la Justicia sobre el derecho constitucional de la protesta.
El referente del PO, Eduardo “Chiquito” Belliboni, describe una rigurosa organización para las movilizaciones, incluyendo desde transporte hasta seguridad, normas de conducta y vigilancia interna para prevenir incidentes.
“La nuestra es una marcha pacífica”, subraya Solano, ex precandidato presidencial del PO, enfatizando la intención de no alimentar la tensión con la policía y adoptando precauciones para mantener la manifestación en un marco de paz.
