El reciente Gobierno de Javier Milei ha dado inicio a sus primeros días de mandato con dos medidas destacadas: la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la presentación del proyecto de ley conocido como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” o “ley ómnibus”. Este último aborda modificaciones al Código Civil y Comercial (CCC), alteraciones en la ley Micaela, la ley de Mil Días y plantea una reforma electoral que afectaría la obligatoriedad de cuotas de género en los ámbitos legislativos.
Estas propuestas, que abarcan cambios sustanciales en áreas como el derecho de familia, han generado un intenso debate. El proyecto busca, mediante sesiones extraordinarias y con rapidez, introducir ajustes que impactarán en la vida cotidiana de las personas. A continuación, se destacan algunos de los cambios más controversiales:
Divorcio sin Asesoramiento Jurídico Previo: El artículo 352 del CCC experimentaría una modificación significativa, permitiendo la disolución del matrimonio mediante una “comunicación” ante un organismo administrativo. Este cambio eliminaría la necesidad de asesoramiento jurídico previo y el aval de un juez de Familia, generando preocupaciones sobre la igualdad en la disolución del matrimonio y sus implicaciones en la división de bienes y el cuidado de los hijos.
Ley Micaela: El proyecto propone alteraciones a la Ley 27.499, conocida como “ley Micaela”, cambiando la noción de “violencia por razón de género contra la mujer” por “violencia familiar y contra la mujer”. Esta modificación ha generado críticas, ya que se considera que diluye el enfoque en la violencia de género y afecta la capacitación obligatoria para los integrantes de los poderes del Estado.
Ley de Mil Días: La Ley 27.611, que aborda la “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, también sufre cambios. La nueva terminología utiliza el término “madres” en lugar de “personas gestantes” y reemplaza “embrión” por “niño desde el momento de su concepción”. Estas modificaciones plantean cuestionamientos constitucionales y la creación de registros de embarazadas genera preocupaciones sobre la privacidad y el secreto profesional.
Reforma Electoral y Paridad Política: En el Título IV del proyecto, se propone modificar el Código Electoral Nacional, afectando la implementación de la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. Cambios en la conformación de la Cámara de Diputados podrían hacer inviable la aplicación de la ley de paridad, al pasar de un sistema plurinominal a uno uninominal.
Estas reformas han generado críticas de organizaciones de derechos humanos, juristas y especialistas, quienes advierten sobre posibles retrocesos en términos de derechos humanos y democracia. Se destaca la necesidad de un debate amplio y fundamentado antes de aprobar cambios tan sustanciales, especialmente aquellos que afectan de manera directa a mujeres y niñas.
