La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno implementará un sistema de recompensas para quienes identifiquen a ciudadanos que participaron en la reciente movilización de jubilados, en la que hubo más de un centenar de detenidos y heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece en estado crítico.

El anuncio, realizado en una entrevista con La Nación+, generó un amplio rechazo por su similitud con prácticas de persecución política y criminalización de la protesta social. La medida, que fomenta la delación entre ciudadanos, ha sido interpretada como un nuevo intento de amedrentamiento contra quienes se manifiestan en contra del Gobierno.

Recompensas en medio del ajuste

La decisión del Gobierno contrasta con su discurso de austeridad. Mientras se recortan fondos para jubilados y programas de salud, la administración de Javier Milei no parece escatimar recursos para implementar mecanismos de vigilancia y represión.

El contexto social se encuentra marcado por una creciente tensión y descontento ante las políticas de ajuste, con manifestaciones que se multiplican en todo el país. En este clima, la propuesta de pagar a quienes delaten a manifestantes no solo atenta contra las libertades individuales, sino que profundiza la división y el temor dentro de la sociedad.

Violencia institucional y democracia en riesgo

El caso de Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión policial, se ha convertido en un símbolo de la violencia institucional ejercida contra quienes ejercen su derecho a la protesta.

Diversos sectores políticos, organismos de derechos humanos y referentes sociales han alertado sobre el avance de medidas autoritarias que ponen en riesgo las garantías democráticas en Argentina. Con esta nueva iniciativa, el Gobierno refuerza una estrategia de criminalización de la protesta, generando un clima de hostigamiento y persecución que preocupa tanto a nivel nacional como internacional.