El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia en los próximos días, sobre una denuncia por incumplimiento presentada por la Ciudad contra el Gobierno Nacional. La denuncia se presentó debido a que la Nación no cumplió con una cautelar que obliga a girarle a la Ciudad el 2,95% correspondiente a la coparticipación que incluye el traspaso de la Policía. Desde que la Corte otorgó la cautelar en el expediente por la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad, se estima que la Ciudad perdió alrededor de 35 mil millones de pesos que nunca llegaron a las arcas porteñas.

En un primer momento, el Gobierno Nacional propuso pagar con bonos, pero esto fue rechazado por la Ciudad de Buenos Aires. La Corte debe resolver dos presentaciones de la Nación antes de dar una respuesta por el incumplimiento. La primera es sobre la recusación a los ministros por “razones de decoro y delicadeza” y la segunda es una revocatoria “in extremis” del propio fallo del supremo tribunal. Una vez que se resuelvan estos expedientes, se espera que la Corte ordene que la Nación pague el 2,95% dispuesto por la cautelar.

Desde el Gobierno porteño, reconocen que “la Corte no tiene plazos” para expedirse, pero creen que por tratarse de un caso “urgente” podría haber novedades en los próximos días. La denuncia por incumplimiento que presentó el Gobierno porteño apunta a los principales funcionarios de Nación, a las cabezas de los ministerios de Economía y del Interior, Sergio Massa y Wado de Pedro, a la directora del Banco Nación, Silvina Batakis y a todo su directorio. El mayor incentivo que tiene el Gobierno Nacional para cumplir el fallo de la Corte es el peligro que enfrentan Alberto Fernández, Sergio Massa y Wado de Pedro de verse involucrados en causas penales por desacato.

En los casi dos meses que han transcurrido desde que se otorgó la cautelar, el escenario porteño ha sufrido un cambio significativo. Por el escándalo de los chats, el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, se tomó una licencia que en principio durará hasta abril. El Gobierno porteño perdió así a uno de los interlocutores que tenía con la Corte. El procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa, es quien desde el principio ha estado al frente del caso, pero D’Alessandro había sido parte de todas las audiencias con el Gobierno Nacional.

Desde el Gobierno porteño se quejan de que el Gobierno Nacional ha apostado a cuestiones dilatorias como los bonos, y que tiene una clara intención de incumplir y perseguir a los jueces. Mientras tanto, la expectativa en Parque Patricios es que la Corte Suprema de Justicia resuelva pronto este caso y que se haga justicia para la Ciudad de Buenos Aires.