Cuatro banderas sandinistas fueron izadas la mañana de este lunes de forma simultánea en cuatro alcaldías de Nicaragua, luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio un golpe de facto con policías armados a estos gobiernos locales ubicados en el norte del país, en una zona históricamente opositora. El oficialismo se tomó las sillas de los ediles en El Almendro, Murra, Yalí y El Cuá en un acto que sepulta por completo la autonomía municipal en este país centroamericano y termina de consolidar un modelo de partido único, opinan analistas consultados por EL PAÍS. Por la noche aún se mantenía el sitio en las alcaldías intervenidas.
Las cuatro alcaldías eran gobernadas hasta este lunes por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), agrupación que en agosto de 2021 fue ilegalizada por el Poder Electoral, en medio de la escalada represiva desatada por la pareja presidencial que condujo a su perpetuación en el poder, tras arrestar a todos los precandidatos presidenciales de oposición y toda voz crítica.
El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) argumentó ante los alcaldes que fueron defenestrados porque “el partido CxL no tiene personería jurídica”. De inmediato, el Inifom nombró nuevas autoridades sandinistas en las municipalidades quienes, arropadas por policías, izaron las banderas rojinegras ante la estupefacción de los ciudadanos de estos municipios que forman parte de lo que se considera el antiguo corredor de la Contra, la guerrilla armada que en la década del ochenta y bajo el auspicio de Ronald Reagan combatió a la Revolución Sandinista.
“La ocupación policial de los locales y la destitución ilegal de los alcaldes electos bajo la bandera de Ciudadanos por la Libertad es un gravísimo ataque contra la voluntad popular y la autonomía municipal”, dice a EL PAÍS Kitty Monterrey, presidenta de CxL exiliada en Costa Rica. “Los alcaldes y concejales electos legítimamente en 2017 en la casilla de CxL no son funcionarios de un partido, son autoridades municipales electas por sus ciudadanos y así lo han demostrado durante su gestión”. Estas municipalidades han sido gobernadas mayoritariamente por la oposición al sandinismo y, pese a los fraudes electorales y el control sobre el Poder Electoral, Ortega nunca pudo hacerse con ellas, hasta ahora que lo consigue manu militari.
Silvio Prado, experto en municipalismo y sociólogo, tildó de “leguleyada” el argumento dado por Inifom. “Es absurdo, porque un partido no es una empresa privada. Cuando un partido va a las elecciones, si obtiene determinada cantidad de votos, son un mandato para quienes representan. Entonces, cuando se eligen autoridades, el mandato no se extingue con la cancelación de la persona jurídica. No hay ninguna causal en la ley de partidos políticos, la Ley Electoral de Nicaragua, que diga que el mandato de los electos se extingue por haber perdido la personalidad jurídica”.
Fuente: El Pais, España.