La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant, y varios funcionarios de Hamas. Estas órdenes los acusan de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023 que desataron el conflicto.
Una decisión con impacto internacional limitado
Con esta resolución, Netanyahu y los demás acusados se convierten en sospechosos buscados internacionalmente, lo que podría complicar sus movimientos y esfuerzos diplomáticos para negociar un alto al fuego. Sin embargo, las repercusiones prácticas de esta decisión son inciertas, ya que ni Israel ni su principal aliado, Estados Unidos, son miembros de la CPI. Además, varios de los funcionarios de Hamas implicados han muerto durante el conflicto.
Netanyahu rechazó las acusaciones del fiscal de la CPI, Karim Khan, calificándolas de “vergonzosas y antisemitas”. El presidente estadounidense, Joe Biden, respaldó a Israel, reafirmando su derecho a defenderse de Hamas y criticando la acción del tribunal. Por su parte, Hamas también rechazó las órdenes, aunque sin ofrecer detalles específicos sobre su postura.
Acusaciones de la CPI
El tribunal sostiene que existen pruebas razonables para creer que Netanyahu y Gallant privaron intencionalmente a la población civil en Gaza de acceso a alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, violando normas del derecho internacional humanitario.
La orden también responde a los eventos del 7 de octubre de 2023, cuando un ataque de Hamas en Israel dejó casi 1.200 muertos y 250 rehenes. Estos ataques desencadenaron la ofensiva israelí en Gaza, intensificando el conflicto que ha dejado miles de víctimas en ambos bandos.
Respuesta de Israel
El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí cuestionó la jurisdicción de la CPI y afirmó que el tribunal no dio a Israel la oportunidad de investigar las acusaciones de manera independiente. Según el portavoz Oren Marmorstein, “ninguna democracia con un sistema legal independiente ha sido tratada de esta forma por el fiscal”. Israel reitera su compromiso con el Estado de derecho y la defensa de sus ciudadanos frente a Hamas.
Desafíos para la implementación de las órdenes
La CPI depende de la cooperación de los estados miembros para ejecutar las órdenes de arresto, ya que carece de una fuerza policial propia. Esto, junto con el hecho de que Israel no es parte del tribunal, dificulta que Netanyahu, Gallant y los acusados de Hamas enfrenten a la justicia en La Haya en el corto plazo.
Mientras tanto, la decisión de la CPI agrega una nueva dimensión al complejo escenario internacional, en el que se cruzan acusaciones de crímenes de guerra, tensiones diplomáticas y la búsqueda de soluciones a un conflicto que sigue devastando la región.
