Por Siro Darlan-
El Colegio de Abogados de Brasil en Río de Janeiro, como guardián de la democracia, instituyó una Comisión Especial para estudiar y combatir el lawfare.
Law Fare se definió como “la estrategia de usar o abusar de la ley en lugar de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo operativo”.
Históricamente conocemos la estrategia militar que nos llevó a 25 años de dictadura empresarial-mediática-militar en 1964, cuando las armas de guerra, la tortura y el asesinato llevaron al poder a los golpistas y dejaron huellas de dolor y sufrimiento, además de la pérdida de preciosas vidas humanas. En nuestra historia reciente, miembros del poder judicial y del ministerio público fueron cooptados a través de entrenamientos en EE.UU. para otro tipo de estrategia de toma del poder.
Lo que se vio fue un golpe a la democracia con la detención del favorito en las elecciones de 2018 y el juicio político a la presidenta Dilma, elegida por voluntad popular. A partir de entonces, el sistema legal pasó a formar parte de una estrategia para derrocar y condenar a los opositores políticos e ideológicos, es decir, comenzaron a utilizar las leyes como arma política.
El término “lawfare” se refiere al uso o manipulación de leyes y procedimientos legales como instrumento para combatir e intimidar a un oponente, irrespetando los procedimientos legales y los derechos del individuo que se pretende eliminar.
En términos sencillos, el lawfare puede entenderse como el uso de la legislación como arma para lograr un fin político-social, una especie de acoso judicial que pretende silenciar al oponente o socavar su credibilidad en la sociedad.
Esta práctica se planifica para que parezca que ocurre dentro de la legalidad y, muchas veces, esta apariencia se crea con la ayuda de la prensa.
Por ello, el término se utiliza, la mayoría de las veces, con una connotación negativa, pues transmite la idea de un uso abusivo e ilegítimo de la ley para perjudicar a determinado opositor.
La OAB-RJ, atenta a los principios democráticos, creó esta Comisión, con el Dr. Valéria Teixeira Pinheiro, y otros miembros Dr. Luciano Tolla, Dra. Brunella Fonseca Moraes Dra. Álvaro Quintao. Felicitaciones al presidente Luciano Bandeira por esta iniciativa.
La Comisión, a partir del caso emblemático del Presidente Lula, estudiará otros casos como el del concejal de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, que fue destituido por defender la democracia; de José Dirceu, Henrique PIZZOLATO y José Genuíno, entre otros.
La Comisión, a partir del caso emblemático del Presidente Lula, estudiará otros casos como el del concejal de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, que fue destituido por defender la democracia; de José Dirceu, Henrique PIZZOLATO y José Genuíno, entre otros.
SIRO DARLAN – Editor y Director del diario Tribuna de la prensa Livre; Juez de Segundo Grado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ); Especialista en Derecho Penal Contemporáneo y Sistema Penitenciario por ENFAM – Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Magistrados; Maestría en Salud Pública, Justicia y Derechos Humanos de la ENSP; Posgrado en Derecho de la Comunicación Social en la Universidad de Coimbra (FDUC), Portugal; Rio Coordinador de la Asociación de Jueces por la Democracia; Consejero Efectivo de la Asociación Brasileña de Prensa; Consejero Meritorio del Clube de Regatas do Flamengo; Miembro de la Comisión de la Verdad sobre la Esclavitud de la OAB-RJ; Miembro de la Comisión de Criminología del IAB. Por buenas prácticas profesionales, en 2019 recibió el Premio en Defensa de la Libertad de Prensa, Movimiento Sindical y Tercer Sector, una colaboración entre el Jornal Tribuna da Imprensa Livre y la OAB-RJ.
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