Pronto se cumplen cinco años del comienzo de la gran ola represiva del gobierno de Nicaragua contra su población. “Si mañana se produjese el cambio, estaríamos listos con nuestro informe para iniciar procesos que, más tarde o más temprano, van a llevar ante la justicia a Ortega y a su aparato estatal y paraestatal”, dijo a DW Julienn Weegels, catedrática de la Universidad de Ámsterdam, autora del informe “Detenidos, torturados y desplazados. El presidio político y sus secuelas en Nicaragua”.

En una conferencia en el Parlamento Europeo, Julienn Weegels, la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) y la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) presentaron casos ilustrativos del horror que sufrió, y sigue sufriendo, la población nicaragüense. Y solicitaron apoyo europeo.

El informe “Detenidos, torturados y desplazados” es una documentación y análisis de 30 casos de torturas y tratos inhumanos y crueles a prisioneros políticos. Éste, a su vez, nutre el informe que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos llevó a laONUen Ginebra. Según estos informes, en Nicaragua no se ha tratado de un fenómeno aislado, sino del desmantelamiento deliberado de la democracia, el espacio cívico y los derechos humanos.

En busca de justicia

Los treinta testimonios de exprisioneros describen las palizas, las violaciones, la falta de acceso a médicos, las torturas físicas y sicológicas que sufrieron en seis planteles carcelarios. El informe hace seguimiento también de su vida tras salir de la cárcel: las secuelas físicas y sicológicas se vieron agravadas por la negación de sus derechos como el acceso a los servicios médicos, a la educación pública, a la obtención de un permiso de conducir.

“Las víctimas están empeñadas en buscar justicia; todas estas violaciones han quedado en la impunidad total. Y sabiendo que en Nicaragua no tendrán acceso a la justicia, el informe hace memoria y presenta los casos a nivel internacional, por ejemplo, ante las relatorías especiales de la ONU”, explica Weegels, politóloga y criminóloga del CEDLA (Centre for Latin American Research and Documentation).

Acabar con la pantalla internacional

“Para un régimen como el Ortega, que controla incluso que no entre una cámara para que no se sepa lo que pasa dentro de sus fronteras, es muy importante saber que está siendo vigilado. Que aunque no estuvimos ahí, sabemos que le han dado una patada a un detenido esposado, que no nos pasan inadvertidas las muertes, que los familiares nos informan”, sigue Weegels, aludiendo también al afán del gobierno de Nicaragua por aparentar legalidad y respeto a los compromisos internacionales.

¿Un ejemplo? “Porque ha cumplido con la paridad en los cargos públicos -y porque tiene un presidente y una copresidenta-, el régimen de Ortega presentó por mucho tiempo a Nicaragua como un país defensor de los derechos de la mujer. Pero niega que ha reprimido a toda opositora y que ha cerrado todos los espacios de los movimientos feministas. Es una pantalla”, subraya Weegels, y recuerda también el caso del Fondo Verde:

Para proteger la Reserva de la Biosfera Bosawás, el gobierno de Nicaragua iba a recibir, entre préstamos y donaciones, poco más de 116 millones de dólares. Pero una denuncia de organizaciones de sociedad civil logró parar el desembolso. “Las investigaciones del Fondo Verde comprobaron que estaban talando árboles y persiguiendo a las poblaciones indígenas, algo que viola claramente los principios básicos del acuerdo”, apunta Weegels. Este tipo de medidas, según la UPPN, sí aportan a un cambio, pues le quitan el oxígeno que significa para Managua los fondos de la cooperación internacional. ¿Y qué más le toca hacer a la comunidad internacional y específicamente a Europa con una pronta cumbre UE-América Latina y el Caribe a la que está invitada Nicaragua?

Cabe recordar que, en la Unión Europea, desde mayo de 2020, rigen sanciones individualizadas para miembros del régimen de Daniel Ortega. Éstas, en un comienzo contra seis personas, y entretanto contra 21 y tres entidades, prohíben la entrada a territorio comunitario, congelan bienes y prohíben a los Estados miembros de la UE poner fondos a disposición de Nicaragua. Cabe resaltar también que desde el Parlamento Europeo se viene solicitando incluir a los jueces responsables de las condenas en la lista de sancionados.

“Aunque las sanciones no tienen un efecto tremendo, sí hacen mella en las cúpulas de poder. Porque saben que esto en algún momento va a caer y habrá un cambio. No les conviene ser parte de los sancionados”, responde Weegels#, que favorece la coherencia entre discurso y acciones. “Por eso también es importante apoyar en hacer memoria de lo que ha sucedido. Para que en Nicaragua no haya borrón y cuenta nueva”, concluye.

(ers)