A pesar del giro promercado impulsado por el gobierno de Javier Milei, la salida de multinacionales del país continúa —aunque con menor intensidad—, evidenciando que la confianza inversora no depende exclusivamente de la retórica liberal ni de la flexibilización de ciertas restricciones cambiarias. Así lo indica el más reciente informe de fusiones y adquisiciones (M&A) de PwC, correspondiente al primer semestre de 2025: se registraron más de cuatro operaciones en las que grupos extranjeros decidieron vender total o parcialmente sus activos en Argentina. En 2024 habían sido 12 y, desde 2020, ya superan las 80 transacciones de este tipo.

La lista de empresas que abandonaron el mercado local en los últimos años incluye nombres como ExxonMobil, Petronas, Falabella, Walmart, HSBC y Telefónica. El fenómeno no es nuevo, pero persiste, y revela factores más profundos que la coyuntura política o el color ideológico del oficialismo de turno. En efecto, muchas de estas decisiones fueron tomadas con anterioridad, respondiendo a estrategias globales de consolidación financiera o a la necesidad de desinvertir en contextos desfavorables para volcar capitales en mercados más rentables o estables.

Un entorno hostil prolongado

Las causas de este fenómeno son múltiples, aunque se destacan dos grandes ejes: la volatilidad macroeconómica crónica y el exceso de regulaciones, en especial durante la última década. Muchas compañías encontraron cada vez más difícil operar en un marco de reglas inestables, restricciones cambiarias, trabas burocráticas, controles de precios y una economía cerrada con baja previsibilidad jurídica. Las decisiones de desinversión, por tanto, no pueden interpretarse únicamente como una reacción coyuntural, sino como la consecuencia de un deterioro estructural del clima de negocios en Argentina.

El nuevo gobierno ha intentado modificar esta percepción. Uno de los principales instrumentos ha sido el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en el Congreso con el objetivo de atraer inversiones de largo plazo mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, ya fueron presentados 15 proyectos para ingresar al régimen, de los cuales 6 fueron aprobados, por un monto total de USD 12.800 millones.

RIGI: promesa de reactivación o marco limitado

Los proyectos autorizados abarcan sectores clave como energía, minería e infraestructura. Entre ellos se destacan:

• Guacamalayo (litio en Salta)
• Vaca Muerta Oil Sur (oleoducto entre Neuquén y Río Negro)
• PAE-Golar (Río Negro)
• Parque Solar El Quemado (Mendoza)
• Sidersa (Buenos Aires)
• Salar del Hombre Muerto (Catamarca)

No obstante, el camino no es sin obstáculos. La negativa a incluir la iniciativa “Mariana”, de la minera china Ganfeng, revela las tensiones geopolíticas detrás del régimen: su rechazo coincidió con la audiencia de confirmación de Peter Lamelas como embajador estadounidense en Argentina, quien abogó por limitar la penetración económica china en la región. Este episodio sugiere que, además de criterios técnicos, la política exterior incidirá crecientemente en las aprobaciones del RIGI.

Hasta la fecha, 15 provincias han adherido al régimen mediante leyes locales, entre ellas Catamarca, Chaco, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y San Juan. Esto habilita beneficios fiscales y cambiarios preferenciales, como la posibilidad de repatriar utilidades o acceder a divisas en condiciones más favorables, algo vedado durante años.

Empleo y contenido local: promesas todavía modestas

Desde el Ejecutivo se proyecta que las seis iniciativas aprobadas generarán más de 8.000 puestos de trabajo —entre directos e indirectos— en su pico de ejecución. A su vez, las empresas se comprometieron a adquirir al menos un 20% de los insumos a proveedores nacionales, como exige el régimen. Si bien esto representa un paso en la dirección correcta, el impacto real en términos de empleo e integración productiva aún está por verse.

En paralelo, las estadísticas oficiales muestran un panorama todavía adverso. El flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) —que contempla ingresos y egresos— registra en lo que va de 2025 un saldo negativo de USD 1.679 millones, lo que, de continuar, marcaría el peor resultado desde que existen registros. En contraste, 2024 cerró con un balance positivo, aunque exiguo: apenas USD 89 millones.

Las operaciones que sí se concretan tienden a concentrarse cada vez más en manos de actores locales, como en el caso de la venta de los activos de Exxon a Pluspetrol o la transacción entre Petronas y Vista. El Estado argentino, sin capacidad financiera para ejercer un rol de inversor estratégico, apuesta a que la estabilidad macroeconómica y la continuidad del modelo liberal permitan revertir esta tendencia con el tiempo.

Una apuesta política de fondo

En última instancia, la estrategia del gobierno de Milei no se agota en el diseño de marcos regulatorios favorables, sino que depende en gran medida de su capacidad para consolidar un horizonte político estable y previsible. El oficialismo confía en que una victoria electoral en los próximos comicios legislativos fortalecería esa percepción de continuidad, elemento clave para tentar a inversores que hoy se muestran escépticos o directamente reticentes a ingresar a un país con antecedentes de imprevisibilidad.

Sin embargo, la Argentina enfrenta un dilema estructural: mientras se intenta reinsertar al país en los flujos globales de capital con incentivos concretos, no se ha logrado aún disipar las dudas sobre la sustentabilidad jurídica, financiera y política de su modelo económico. La mera desregulación no garantiza inversiones si no va acompañada de confianza, institucionalidad y reglas del juego estables. La fuga de multinacionales, aunque más lenta, sigue siendo una señal de alarma en ese sentido.