Con un decreto firmado a contrarreloj antes del fin de las facultades delegadas, Sturzenegger habilita la matriculación de buques extranjeros, reduce exigencias sindicales y flexibiliza reglas para operar bajo banderas de conveniencia. La medida apunta a “bajar el costo argentino” y reactivar un sector en declive.
A menos de 50 días del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, el Gobierno libertario aceleró su agenda de reformas con una profunda desregulación del transporte fluvial y marítimo de cabotaje. Mediante el Decreto 340/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un nuevo marco normativo para la marina mercante nacional, que flexibiliza los requisitos para operar buques en aguas argentinas y elimina lo que definió como “trabas sindicales”.
La medida incluye una serie de modificaciones clave a las leyes 20.094, 27.418 y 27.419, y establece como servicio esencial la navegación comercial por vía fluvial o marítima. En palabras del propio ministro: “Después vino el excesivo reglamentarismo que tapó incluso los principios básicos de la Constitución”.
El nuevo régimen: aperturas, exenciones y flexibilización laboral
Entre los puntos más destacados del decreto figura la posibilidad de matricular en Argentina buques extranjeros, que podrán operar como naves locales. Aunque deberán estar tripulados en un 75% por argentinos o extranjeros residentes, se regirán por las leyes laborales del país de origen, lo que implica una virtual habilitación para la contratación bajo normas más laxas.
Asimismo, se permite que operadores locales adopten banderas de conveniencia, contratando personal conforme a legislaciones extranjeras, un esquema ampliamente cuestionado por gremios del sector. “Se terminó la extorsión sindical antes de zarpar”, dijo Sturzenegger, aludiendo a la práctica —según él habitual— de imposiciones en la selección de tripulación. “Ahora la dotación la elige el armador”, subrayó.
Otro de los cambios relevantes es la ampliación de 30 a 60 días del plazo en el que buques de tráfico internacional podrán operar en rutas de cabotaje. El objetivo declarado: aumentar el flujo logístico y reducir los costos internos, que según el ministro pueden llegar a ser “cuatro veces superiores a los de países vecinos”.
Un sector que se achicó y una apuesta a competir
El diagnóstico de la administración Milei es claro: la excesiva regulación estatal y el poder sindical habrían dejado al sector del cabotaje argentino en estado crítico. “Quedaban menos de 20 buques en operaciones, mientras Paraguay acaparó el tráfico en el Paraná”, denunció Sturzenegger. Y remató: “Habíamos entregado un negocio por las restricciones que impone el Estado”.
Además de liberalizar la operación de buques, el decreto simplifica los trámites para el alta y baja de embarcaciones y elimina regulaciones que afectaban a los talleres navales. Para el ministro, se trata de “cotos de caza” corporativos que encarecían artificialmente el mantenimiento de la flota.
Cierre de ciclo y carrera contra el reloj
El anuncio se da en un contexto de intensa actividad legislativa y ejecutiva, mientras el Gobierno apura el uso de las facultades delegadas que vencen en menos de dos meses. Sturzenegger ya había anticipado que no pediría su renovación: “Siempre la idea fue no extenderlas. Puse relojes en el ministerio para que el equipo tuviera conciencia del tiempo que teníamos”.
Según el ministro, en los días que restan se publicará una batería final de decretos para reformar profundamente el Estado: cierre de organismos descentralizados, fusiones, simplificaciones y nuevas oleadas de desregulación. “Serán días interesantes”, anticipó.
