El Gobierno nacional encendió alarmas al autorizar, mediante el decreto 1107/2024, la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad interior, bajo el pretexto de combatir el terrorismo internacional y el crimen organizado. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, habilita a las FFAA a custodiar “objetivos de valor estratégico” sin precisar cuáles son, lo que generó un amplio rechazo desde organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad.
Un Cambio Controversial a la Ley de Seguridad Interior
La decisión modifica de hecho la Ley 24.059 de Seguridad Interior, que regula estrictamente la intervención militar en el país. Según Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, esto debería ser competencia exclusiva del Congreso:
“Es un cambio normativo que habilita la participación militar en situaciones que claramente exceden su función, como protestas sociales o conflictos laborales en lugares estratégicos”.
El decreto define “objetivos de valor estratégico” como cualquier instalación o recurso cuya afectación comprometa la economía, el bienestar o la seguridad nacional. Desde el CELS advierten que esta ambigüedad deja al Ejecutivo con la potestad de determinar arbitrariamente qué lugares deben ser custodiados, lo que abre la puerta a posibles abusos.
¿Un Paso Hacia la Militarización de la Vida Civil?
Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei ha impulsado iniciativas para ampliar el rol de las FFAA en cuestiones internas. Aunque un proyecto previo para reformar la Ley de Seguridad Interior no avanzó en el Congreso, este decreto consolida un cambio de enfoque que preocupa a expertos y activistas.
“Esto puede permitir la militarización de espacios como Vaca Muerta, aeropuertos, puertos, e incluso áreas urbanas clave como la Ciudad de Buenos Aires”, señalaron desde el CELS. Según Tufró, la medida genera un “escenario complicado y amenazante”, particularmente para manifestantes y comunidades indígenas, que ya han sido señalados como “terroristas” por parte del Gobierno.
Bullrich, con Más Poder sobre las FFAA
El decreto también refuerza el control de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre las Fuerzas Armadas. Según el CELS, esto representa un paso hacia la centralización del poder en Seguridad, un área históricamente separada de las funciones militares en Argentina.
Con el nombramiento de Luis Petri, un aliado cercano de Bullrich, como ministro de Defensa, el Gobierno consolida su estrategia de desdibujar los límites entre las funciones de Defensa y Seguridad. Este movimiento recuerda intentos similares durante la presidencia de Mauricio Macri, aunque ahora se da en un contexto de menor resistencia por parte de las propias fuerzas.
Un Retroceso Democrático
La normativa vigente en Argentina, considerada pionera en la región, separa las funciones de las FFAA de las tareas de seguridad interior. Esta distinción fue clave para limitar el rol político de los militares tras la última dictadura. Según Tufró, el decreto 1107/2024 podría erosionar este logro democrático:
“Lo que se logró al separar Defensa y Seguridad fue profesionalizar a las FFAA y evitar que sean actores políticos. Este cambio podría revertir décadas de avance en la consolidación democrática”.
Además, existe incertidumbre sobre cómo las propias FFAA perciben este cambio. Tufró señala que muchos sectores militares ven con recelo la posibilidad de ser subordinados a tareas policiales o al Ministerio de Seguridad.
Un Proyecto de Largo Alcance
El decreto 1107/2024 es solo la última pieza de un rompecabezas que apunta a restituir a las FFAA un rol político activo en la vida cotidiana del país. Esto plantea preguntas críticas sobre el equilibrio de poder y el respeto a los derechos civiles en un contexto de creciente polarización política.
Organismos como el CELS ya anunciaron que acudirán a la Justicia para impugnar la medida, calificándola de inconstitucional y peligrosa para la estabilidad democrática. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta crecientes críticas por avanzar en una dirección que, según muchos, retrocede a épocas de injerencia militar en la política.
El Futuro de la Seguridad en Argentina
La implementación de esta medida plantea desafíos importantes para el futuro de la seguridad y los derechos humanos en el país. ¿Estamos frente a un cambio estructural en el rol de las FFAA o a una medida temporal con fines políticos? El tiempo y las decisiones judiciales determinarán el alcance y las consecuencias de este controvertido decreto.
Fuente: El Destape