El extenso proyecto de Ley Ómnibus encabezado por Javier Milei, que pretendía la privatización de 41 empresas estatales, ha experimentado un significativo retroceso en el Congreso de la Nación. La firme oposición, que incluye a sectores colaborativos, ha expresado su rechazo a la privatización de empresas rentables como YPF y el Banco Nación, forzando al gobierno a reconsiderar y realizar ajustes sustanciales en la propuesta original.

La denominada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” generó controversia desde su presentación, especialmente en el capítulo referido a las empresas estatales o con participación del Estado que podrían pasar al sector privado. El artículo 9 del proyecto faculta al Poder Ejecutivo nacional para enajenar participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional en empresas privadas, desencadenando un intenso debate en el Congreso.

Entre las empresas en la lista de privatización se encuentran YPF, Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación, Correo Argentino, Télam, Radio Nacional, Enarsa, y otras, que en conjunto emplean a más de 100 mil personas según estimaciones oficiales.

La resistencia por parte de la oposición, incluida la llamada “oposición dialoguista,” se ha centrado en la argumentación de que no todas las empresas estatales son deficitarias, como sostiene el gobierno de Milei. La Fundación Libertad publicó un informe destacando que en el 2022 hubo empresas estatales, como YPF y el Banco de la Nación Argentina, que registraron ganancias, cuestionando la inclusión de estas en la lista de privatización.

El proyecto original proponía que, para las privatizaciones, se constituyeran sociedades anónimas, permitiendo al Poder Ejecutivo conservar una acción con derecho a veto en decisiones críticas. Sin embargo, las resistencias y las críticas llevaron a que el gobierno de Milei considerara modificaciones para avanzar en la aprobación de la Ley Ómnibus.

La diputada nacional María Eugenia Vidal, perteneciente a la “oposición colaborativa,” expresó su rechazo al paquete de privatizaciones propuesto por la ley, destacando que el sector de hidrocarburos no está solicitando la privatización de YPF.

Ante la presión y el rechazo a la privatización de empresas como YPF, el gobierno cedió y presentó modificaciones al proyecto. Una de las más significativas es la eliminación de YPF del listado de empresas a privatizar, asegurando que, por el momento, seguirá siendo una sociedad anónima de propiedad mixta con participación mayoritaria estatal.

Sin embargo, las modificaciones acordadas no impiden otras privatizaciones sobre el listado restante de las 40 empresas que el gobierno busca vender, manteniendo así las negociaciones en curso.

Otro punto álgido en el debate es la privatización del Banco Nación, una de las prioridades para el gobierno de Milei. La oposición, liderada por la UCR, presentó un proyecto de ley en el Senado para impedir la privatización del Banco de la Nación Argentina, proponiendo la modificación de su carta orgánica para garantizar su permanencia como institución bancaria de propiedad del Estado.

La UCR argumenta que el Banco Nación, aunque haya sido afectado por la gestión anterior, no debe ser privatizado, ya que es una institución superavitaria y estratégica para el país. El proyecto busca establecer la imposibilidad de privatizar el Banco de la Nación Argentina y preservar su función de canalizar depósitos y otorgar préstamos a favor de las PyMEs y las familias argentinas.

La resistencia a la privatización del Banco Nación se ha extendido al Congreso de Diputados, donde se presentó un proyecto de declaración expresando el rechazo a las propuestas de privatización de empresas estatales y sociedades de propiedad estatal, incluyendo la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El debate en el Congreso refleja la división en la percepción sobre la privatización de empresas estatales en Argentina. La oposición insiste en que no se trata de un rechazo automático a lo público, sino de evaluar caso por caso, mientras que el gobierno de Milei defiende la necesidad de un reordenamiento económico que incluya privatizaciones para optimizar la eficiencia y la transparencia en la gestión de las empresas estatales. La discusión continuará en las próximas semanas, marcando un capítulo crucial en la dirección económica del país.