El Gobierno nacional ultima una medida clave en su estrategia de «batalla cultural»: una amnistía fiscal para los dólares no declarados que los argentinos mantienen fuera del sistema. Según fuentes oficiales, el decreto podría publicarse en las próximas dos semanas y se estima que permitiría blanquear hasta 10.000 millones de dólares, con una recaudación fiscal esperada de al menos 2.000 millones en el año.

La iniciativa —que el presidente Javier Milei impulsa junto al ministro de Economía, Luis Caputo— busca transformar la percepción sobre quienes atesoran divisas en la informalidad. Lejos de considerarlos evasores, el discurso oficial los presenta como “héroes” que protegieron sus ahorros del “robo legal” que, según el mandatario, representa el impuesto inflacionario.

Milei afirma que los argentinos guardan en el país entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema financiero, lo que equivale a más de un tercio del PBI. Si una parte de ese dinero vuelve a circular, señala, podría desencadenar un “boom de inversión” y acelerar el crecimiento económico.

El Gobierno planea ofrecer garantías para que los tenedores de dólares puedan usarlos sin temer represalias del Fisco. Se evalúan incentivos como exceptuar del impuesto al cheque las compras de insumos en moneda extranjera por parte del agro, o autorizar operaciones puntuales —como la adquisición de bienes durables— mediante un régimen de presentación espontánea que no requiere aprobación del Congreso.

No obstante, la medida enfrenta obstáculos legales y reputacionales. Desde el exterior, organismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) podrían cuestionar la política por facilitar el lavado de dinero. Para evitarlo, se analiza limitar el beneficio solo a residentes argentinos.

Además, el Gobierno estudia mecanismos para evitar la persecución penal posterior, como la suspensión de la presunción de incremento patrimonial no justificado y planes de facilidades de pago. También se trabaja para blindar la norma frente a potenciales denuncias de la AFIP, como ocurrió con el decreto 93/2000.

El Presidente fue explícito al explicar el espíritu de la medida. “Los que tienen dólares en el colchón son héroes que van a sacar adelante a este país. No los escondieron por odio, sino para defenderse de los delincuentes legales: los políticos que les robaron con el impuesto inflacionario”, dijo.

Milei negó que los dólares se puedan usar para pagar impuestos —»el peso seguirá vigente en la transición»—, pero reiteró que la política apunta a acelerar la llamada «dolarización endógena», como paso previo a cerrar el Banco Central y consolidar, en su visión, la “libertad monetaria”.