El presidente Javier Milei ha encendido nuevamente el debate público tras su intervención en el Foro Económico de Davos, donde calificó al feminismo radical y otras políticas de inclusión como “la gran epidemia de nuestra época”. En línea con sus declaraciones, desde el entorno presidencial confirmaron que el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley denominado “De igualdad ante la ley”, que busca reconfigurar profundamente el marco normativo en materia de derechos y perspectiva de género en Argentina. La iniciativa será presentada al Congreso en las sesiones ordinarias que comienzan en marzo.

Entre las propuestas más destacadas y polémicas del proyecto, se encuentra la eliminación de la figura del femicidio como agravante en casos de homicidio por razones de género, la derogación de la Ley Micaela —que establece capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para funcionarios públicos—, la supresión de cupos laborales y legislativos como el Travesti Trans o la Ley de Paridad de Género, y la eliminación del otorgamiento del DNI no binario.

En redes sociales, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldó públicamente estas medidas, anunciando que el Gobierno planea “eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino” porque “esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”. También arremetió contra el feminismo al calificarlo como “una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra”.

¿Existe el femicidio en el Código Penal argentino?

La figura de “femicidio” no está expresamente definida como un tipo penal independiente en el Código Penal argentino. Sin embargo, la ley 26.791, sancionada en 2012, reformó el artículo 80 del Código Penal para incluir como agravante el homicidio cometido mediando violencia de género. Esto implica prisión perpetua para los casos de violencia letal por razones de género, aunque el término “femicidio” no aparece explícitamente en la norma.

Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), explicó que “en Argentina no existe el tipo penal de femicidio como tal, sino que se trata de un agravante específico para el homicidio. Esta incorporación al Código Penal responde a los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres”.

Además, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) destacó que la reforma de 2012 permitió tipificar y sancionar adecuadamente homicidios vinculados con violencia de género, cumpliendo con estándares internacionales. La institución subrayó que la eliminación de esta figura representaría un grave retroceso en el reconocimiento y abordaje de la violencia de género en el país.

Amnistía Internacional y el rechazo a las propuestas de Milei

Las declaraciones de Milei en Davos y las confirmaciones de su gabinete provocaron el inmediato rechazo de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. La entidad respondió a los dichos del presidente, afirmando que “el feminismo no busca privilegios, sino igualdad de derechos y oportunidades”. También señalaron que reconocer el femicidio como la forma más extrema de violencia de género es crucial para visibilizar y sancionar este tipo de violencia en un país donde, según estadísticas, ocurre un femicidio cada 30 horas.

En un comunicado, la organización señaló: “La igualdad ante la ley no se garantiza eliminando herramientas jurídicas que abordan desigualdades históricas, sino promoviendo políticas que permitan erradicarlas. Eliminar el agravante de femicidio invisibiliza la violencia específica que sufren las mujeres y las disidencias por razones de género”.

El fin de la Ley Micaela y los cupos laborales

Otro de los puntos del proyecto de ley es la eliminación de la Ley Micaela, sancionada en 2018, que obliga a los funcionarios públicos a capacitarse en género y violencia contra las mujeres. Según el Gobierno, esta norma representa una intervención estatal innecesaria que refuerza una “agenda ideológica”.

Asimismo, el proyecto propone derogar leyes que garantizan la representación equitativa de mujeres y diversidades en cargos públicos, como la Ley de Paridad de Género y el cupo laboral Travesti Trans. También se busca terminar con el DNI no binario, argumentando que “la justicia debe juzgar a las personas por igual, sin distinciones basadas en características personales o identitarias”.

El discurso de Milei en Davos y la ofensiva “anti-woke”

Durante su intervención en el Foro de Davos, Milei cargó duramente contra lo que denominó “la agenda del feminismo radical y el wokismo”, describiéndola como “una excusa para justificar el avance del Estado y entorpecer la economía”. Según el mandatario, estas políticas promueven privilegios injustificados y enfrentan artificialmente a hombres y mujeres, cuando “la igualdad ante la ley ya está garantizada en Occidente”.

Milei también cuestionó las políticas de diversidad e inclusión, el aborto, el ecologismo y la inmigración, calificándolos como “cabezas de una misma criatura cuyo fin es aumentar la burocracia estatal y adoctrinar a la sociedad”.

Un retroceso que divide opiniones

El anuncio de estas medidas ha polarizado aún más el debate político en Argentina. Mientras el oficialismo y sus seguidores defienden estas reformas como una forma de “liberar a la sociedad de una ideología estatal impuesta”, diversos sectores de la oposición y organizaciones sociales alertan sobre el impacto negativo de estas decisiones en los derechos humanos, la igualdad de género y la inclusión.

El proyecto de ley, que Milei enviará al Congreso en marzo, promete ser una de las propuestas más controvertidas de su gobierno y un punto de inflexión en el debate sobre los derechos y la igualdad en Argentina. Resta por ver si el Congreso, con una composición que incluye representantes de diferentes sectores, acompañará estas iniciativas o si se convertirán en un foco de resistencia política y social.