El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su reforma del Estado al transformar Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima. Esta medida, formalizada mediante el Decreto 115/25 publicado en el Boletín Oficial, busca allanar el camino para la privatización de la empresa, en línea con la reciente reestructuración del Banco Nación.
Según el decreto, la compañía pasa a denominarse “Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima”, dependiente del Ministerio de Economía y regida por la Ley General de Sociedades N° 19.550. Su objetivo será la explotación del complejo minero-carbonífero, ferroviario, portuario y energético vinculado al yacimiento. La representación accionaria quedará distribuida en un 95% bajo la Secretaría de Energía y el 5% restante en la Secretaría de Minería.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la medida a través de sus redes sociales, reafirmando la postura del Ejecutivo: “Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”.
El Impacto Económico y la Privatización en Marcha
La mina de carbón ubicada en Santa Cruz ha representado una carga económica significativa para el Estado. Un informe de la SIGEN de noviembre de 2024 reveló que la empresa registró un déficit de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año, a pesar de recibir $53.837 millones en fondos nacionales. En 2023, la pérdida había sido de aproximadamente USD 140 millones.
Actualmente, YCRT emplea a unos 2.100 trabajadores, y su operación es vital para la economía local de Río Turbio. Sin embargo, su inclusión en la ley Bases dentro del listado de empresas a privatizar señala el camino hacia su posible traspaso al sector privado.
Otras Empresas en la Mira
La reestructuración de YCRT es parte de un plan de privatizaciones más amplio. La ley Bases también contempla la privatización total o parcial de empresas estatales como Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE, Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina (NASA).
Según un documento interno al que accedió Ámbito, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher, evalúa el futuro de 62 empresas con participación mayoritaria del Estado, 59 con participación minoritaria y 8 en proceso de liquidación. Entre ellas figuran Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA, Casa de Moneda y Fabricaciones Militares, así como los bancos Nación, Hipotecario y BICE.
Un Plan en Marcha
A principios de febrero, el Gobierno anunció la privatización total de Belgrano Cargas Logística S.A., retirando al Estado del sector ferroviario de carga. Días después, se concretó la primera venta bajo la administración Milei: la metalúrgica IMPSA fue transferida a la firma estadounidense Arc Energy tras la renegociación de su deuda de USD 570 millones.
El pasado domingo, se avanzó con la privatización de Corredores Viales S.A., permitiendo la concesión de rutas nacionales al sector privado. Además, Milei firmó un decreto para transformar el Banco Nación en una Sociedad Anónima, paso previo a su privatización parcial, aunque su venta definitiva aún deberá pasar por el Congreso.
Una Estrategia Contundente
Con estos movimientos, Milei refuerza su estrategia de desregulación y privatizaciones, argumentando que el Estado debe dejar de operar empresas deficitarias. Sin embargo, la resistencia política y sindical podría representar un desafío significativo en la implementación de estas reformas.
