El gobierno de Javier Milei ha iniciado un proceso de eliminación de asignaciones vitalicias, comenzando por la pensión y jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Kirchner. Esta decisión se da en medio de un cambio de políticas hacia las pensiones especiales, que el nuevo mandatario considera obsoletas e injustas. En un anuncio reciente, el Ejecutivo confirmó que analizará entre 13 y 15 casos de beneficios otorgados a otros ex mandatarios en un plazo de 30 días, aunque destacó que la pensión que percibe la familia de Carlos Menem, fallecido en 2021, no será afectada.

Según fuentes de la Casa Rosada, el caso de Menem es tratado como una “situación diferente” debido a que el beneficio lo percibe su viuda, Zulema Yoma, y no el titular condenado. El ex presidente había sido sentenciado por el pago de sobresueldos en los años 90, una causa que llegó a la Cámara de Casación Penal en 2018, que le dictó una pena de cuatro años y medio de prisión. A pesar de esta condena, Milei ha elogiado públicamente la figura de Menem, a quien considera “el mejor presidente de los últimos 40 años”, un reconocimiento que se evidenció el pasado mayo con la instalación de un busto en su honor en el Salón de Honor de la Casa Rosada.

Desde el entorno de Milei, un alto funcionario comentó a medios que el gobierno busca dar un mensaje de “ejemplaridad” con la eliminación de estas pensiones especiales, que consideran “resabios medievales” no basados en aportes contributivos. “El honor de ser Presidente lo que genera es una carga, no debería generar un privilegio. Así lo entiende Milei y por eso renunció a su propia asignación de privilegio”, subrayó la fuente.

El caso de Cristina Kirchner y los argumentos legales

La situación de Cristina Kirchner tiene implicancias legales únicas. En diciembre de 2022, la ex presidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por la causa conocida como “Vialidad”, y el Ejecutivo considera que esta sentencia justifica la baja de sus beneficios de privilegio. Argumentan que dicha condena ha “vulnerado el honor de la magistratura”, un argumento respaldado por el artículo 36 de la Constitución Nacional, que señala la “indignidad” como causal para perder beneficios asignados a ex funcionarios.

Desde el oficialismo se ha previsto la posibilidad de que Kirchner interponga una apelación legal en defensa de su pensión. En ese caso, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sostendría que el artículo 29 de la Ley 24.018 apoya la baja de beneficios vitalicios para condenados por mal desempeño o delitos contra la administración pública, a fin de “sostener el acta administrativa”. Esta cláusula, argumentan desde la Casa Rosada, respalda su accionar incluso si el recurso extraordinario de Kirchner ante la Corte Suprema prospera, dado que la sentencia de Casación sería suficiente para habilitar la quita del beneficio.

Futuras bajas y revisiones en marcha

El gobierno ya confirmó que en las próximas semanas también avanzará con la baja de la pensión de Amado Boudou, ex vicepresidente condenado en 2018 por corrupción en la causa Ciccone, lo que refuerza la intención de implementar un criterio amplio de exclusión de quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción o mal desempeño.

La pensión de Menem y la conexión política

La excepción en el caso de Menem ha despertado críticas entre los detractores de Milei, quienes señalan el aparente trato preferencial debido a los lazos políticos entre la familia Menem y el actual gobierno. Martín Menem, sobrino del ex presidente, fue elegido presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem, también sobrino de Carlos Menem, ocupa un rol destacado como subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia. A pesar de la condena de Menem en vida, el gobierno defiende el beneficio de Zulema Yoma, argumentando que la viuda no incurrió en conducta indebida y que el derecho del titular no se extiende a su familia en términos de penalización.

Impacto y reacción en el espectro político

La decisión del gobierno de Milei de revisar y suspender asignaciones vitalicias podría tener efectos considerables sobre las percepciones de austeridad y justicia en el sistema político argentino. Aunque la revisión apunta a figuras condenadas, no todos los casos están claros, y el tema suscita opiniones divididas en la sociedad. Para algunos, es un paso adelante hacia un sistema más transparente, mientras que para otros es una acción selectiva, impulsada tanto por conveniencias políticas como por una visión restrictiva del gasto público.

Esta revisión, planteada en el inicio de la gestión de Milei, pretende responder a un compromiso de campaña y a sus principios de administración austera, pero pone en el centro de debate el rol de estas asignaciones. La tensión entre la eliminación de privilegios y las excepciones refuerza la idea de que estos cambios, más allá de su impacto económico, trazan una línea en el posicionamiento político del nuevo presidente frente a la sociedad y sus pares.