El gobierno de Javier Milei decidió enviar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Congreso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en lugar de un proyecto de ley, evitando así la difícil tarea de negociar votos en un Parlamento donde La Libertad Avanza está en franca minoría.
La estrategia detrás del DNU
El oficialismo apuesta a que la oposición tenga que reunir mayorías en ambas cámaras si quiere frenar el acuerdo, un escenario complicado debido a las divisiones internas en los distintos bloques. Para que el DNU sea rechazado, debe ser derogado por ambas Cámaras, por lo que el Gobierno solo necesita que una de ellas lo apruebe o, simplemente, que no se trate.
El ministro de Economía, Luis Caputo, busca cerrar antes de que termine el primer cuatrimestre un acuerdo que implicaría un desembolso de u$s20.000 millones por parte del FMI. Desde el oficialismo confían en contar con el respaldo de la administración de Donald Trump, que ya habría expresado su apoyo.
Sin detalles técnicos: eludir la «Ley Guzmán»
El decreto autorizaría el acuerdo sin precisar detalles técnicos como tasas o plazos, lo que genera tensiones con sectores opositores que exigen conocer la «letra chica» del entendimiento. Esto choca con la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, más conocida como «Ley Guzmán», que obliga al Ejecutivo a presentar estos acuerdos al Congreso mediante un proyecto de ley.
La decisión del Gobierno de omitir los detalles molestó incluso a sectores dialoguistas de la oposición. De hecho, Mauricio Macri se reunió con economistas del PRO para analizar el impacto de la medida.
El rol de la Comisión Bicameral y el blindaje del DNU
Una vez publicado el DNU en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tendrá diez días hábiles para enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar su validez. Si la comisión no emite dictamen en otros diez días, el decreto podrá ser tratado directamente en el recinto en cualquier momento.
El oficialismo cuenta con ocho votos en la comisión, lo que le da la posibilidad de dilatar su tratamiento, manteniendo así el decreto vigente sin necesidad de someterlo al debate legislativo. Mientras tanto, el Gobierno avanzará con el acuerdo con el FMI, blindando su implementación a pesar de la polémica sobre su legalidad.
Una jugada política con alta tensión parlamentaria
La decisión de Milei de recurrir a un DNU en lugar de un proyecto de ley refuerza su intención de evitar negociaciones con la oposición y acelerar la firma del acuerdo. Sin embargo, la maniobra generará un fuerte debate sobre la institucionalidad del proceso y podría enfrentar resistencia en el Congreso.
Mientras tanto, el decreto seguirá vigente y el Gobierno podrá seguir adelante con su plan sin obstáculos parlamentarios inmediatos.
