El presidente Javier Milei ordenó avanzar con rapidez en la privatización de 59 empresas que actualmente dependen del Estado Nacional, según fuentes de la Casa Rosada citadas por Ámbito. El proceso está siendo dirigido por Diego Martín Chaher, jefe de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, con el apoyo de un equipo de 30 profesionales. Este primer grupo de compañías pertenece a 11 jurisdicciones estatales, y se espera que la lista de empresas candidatas a ser privatizadas se amplíe significativamente.

Aerolíneas Argentinas ya ha sido oficialmente designada para privatización mediante decreto, junto con otras empresas como ARSAT, Casa de la Moneda, los bancos Nación y Hipotecario, y la televisión pública. Las autoridades evaluarán qué segmentos de estas empresas tienen valor para su transición al sector privado, considerando diferentes mecanismos como la concesión, la venta de acciones o la búsqueda de socios estratégicos.

Obstáculos y desafíos en el proceso

Aunque Milei tiene la decisión política de avanzar con las privatizaciones “lo más rápido posible”, en medios oficiales se reconoce que existen desafíos, como los múltiples intereses económicos y políticos que atraviesan las decisiones. Algunos asesores del presidente sugieren que sería necesario contar con una figura similar a Roberto Dromi, el arquitecto de las privatizaciones en la década de 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem, para manejar estos complejos procesos.

Seis mecanismos para privatizar

El gobierno contempla seis métodos para definir el destino de las empresas estatales: privatización total o parcial, concesión, transformación, cesión a las provincias, cierre, y la incorporación de socios estratégicos. El proceso, que se divide en tres etapas (Definición, Preparación y Ejecución), ya está en marcha y se espera que las primeras transacciones se concreten en los próximos meses.

En el entorno de Milei, sostienen que las privatizaciones son una herramienta crucial en su lucha contra la “casta política”. Según esta visión, incluso las empresas superavitarias serán privatizadas para evitar que, bajo el control estatal, puedan volverse deficitarias por malos manejos o corrupción.

Fuente: Ámbito Financiero