El litigio internacional en torno a la expropiación de YPF sumó en las últimas horas nuevos actores: fondos acreedores con fallos previos contra el Estado argentino por deuda en default presentaron peticiones ante la justicia estadounidense para cobrar sus sentencias con el 51% de las acciones de la petrolera que aún están bajo control estatal. Este paquete accionario es el mismo que la jueza Loretta Preska ordenó transferir semanas atrás a los ganadores del juicio por la estatización de la empresa en 2012.

La información fue dada a conocer por el analista Sebastián Maril, director de Latam Advisors, quien viene siguiendo de cerca las causas judiciales relacionadas con YPF y la deuda soberana argentina. “Más fondos piden tomar posesión de las acciones de YPF”, escribió Maril en su cuenta de X (ex Twitter), al detallar que estos acreedores también solicitan prioridad respecto de los demandantes originales —los grupos Petersen/Eton y Bainbridge— por contar con fallos anteriores en firme.

Según un informe de Latam Advisors, entre los nuevos reclamantes figuran los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, todos con sentencias previas a favor por deuda en default y con voluntad de sumarse a la ejecución del paquete accionario. Estas firmas no participaron en las causas originales por la expropiación de YPF, pero invocan la doctrina “me too” para obtener trato similar en cuanto al cobro con bienes del Estado argentino.

Una puja por prelación y activos

En su presentación ante la jueza Preska, los nuevos acreedores argumentan que la República Argentina mantiene la titularidad de cerca del 51% del capital accionario de YPF, lo que constituye un activo pasible de ejecución judicial para satisfacer las obligaciones impagas derivadas de sus fallos. Piden que la magistrada ordene la transferencia parcial o total de ese paquete, con prioridad sobre los beneficiarios de la causa por la expropiación de 2012.

“El contexto abre un debate adicional sobre el alcance de futuras ejecuciones”, indica el informe de Latam Advisors. La presentación señala que las sentencias de estos fondos datan de antes de los fallos en favor de Petersen/Eton y Bainbridge, lo cual, desde el punto de vista procesal, podría otorgarles prelación en el orden de cobro.

Estos fondos de inversión adquirieron bonos impagos tras la crisis de deuda y obtuvieron fallos a favor en tribunales estadounidenses hace más de una década. Ahora, buscan utilizar la vía judicial abierta por Preska como una nueva oportunidad para recuperar sus acreencias, en un contexto en el que Argentina acumula múltiples juicios sin resolver en los tribunales de Nueva York.

Un activo estratégico en disputa

La aparición de nuevos reclamos sobre las acciones de YPF intensifica la presión sobre el Estado argentino, que ya enfrenta una sentencia adversa que lo obliga a transferir el 51% del capital accionario de la petrolera estatal. Esa decisión fue apelada por el Gobierno, que solicitó la suspensión del fallo alegando que su ejecución sería “jurídicamente inaplicable” e “imposible de materializar” por violar principios de soberanía.

El Gobierno argentino sostiene que las acciones en cuestión están sujetas a legislación nacional, por lo que cualquier transferencia requiere aprobación del Congreso, tal como lo establece la propia ley de estatización de 2012. No obstante, el tribunal estadounidense considera que el país violó sus compromisos contractuales al no respetar los mecanismos estipulados en el estatuto de YPF durante el proceso de expropiación.

Riesgo de desmembramiento patrimonial

La solicitud de los nuevos fondos no solo complica el frente legal del país en los tribunales de Nueva York, sino que abre un escenario de fragmentación del paquete accionario en caso de que la justicia autorice su ejecución parcial en favor de distintos actores. Tal hipótesis plantea un riesgo serio para el control estatal de YPF, considerado un activo estratégico en materia energética y geopolítica.

Desde la óptica de los reclamantes, la ejecución sobre las acciones representa el único medio viable para garantizar el cumplimiento de las sentencias, en vista del prolongado incumplimiento argentino y la falta de otros bienes ejecutables. La jueza Preska deberá ahora analizar si acepta esta ampliación del universo de beneficiarios de su fallo, lo que podría desembocar en una nueva puja judicial por la asignación de un activo limitado y de alto valor.

La situación, en definitiva, vuelve a poner en el centro de la escena las consecuencias a largo plazo de la política de expropiación sin consensos ni previsión legal, así como la persistente fragilidad financiera y jurídica del Estado argentino frente a los tribunales internacionales. El destino del 51% de YPF se convierte así en el símbolo de una disputa global sobre deuda, soberanía y recursos estratégicos.