Durante la madrugada de este jueves, fueron liberadas 94 personas detenidas tras los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante la marcha de jubilados e hinchas. La decisión fue tomada por la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con la Policía de la Ciudad.

Según la magistrada, la detención de los manifestantes afectaba derechos constitucionales fundamentales, como la protesta, la libertad de expresión y la manifestación en democracia. Además, resaltó la necesidad de otorgar especial protección a sectores vulnerables como los jubilados.

La jueza determinó que, debido a la complejidad del caso, no correspondía aplicar el procedimiento de flagrancia, por lo que dejó en manos de la fiscalía el análisis individual de cada imputado. En consecuencia, se ordenó la liberación inmediata de los detenidos.

Imputaciones y proceso judicial en curso

Pese a la excarcelación, los acusados siguen imputados por delitos como atentado, resistencia a la autoridad, lesiones y daños. En total, fueron liberados 71 hombres y 23 mujeres, quienes fueron notificados sobre el inicio de sus causas y la obligación de presentarse a declarar ante la Unidad de Flagrancia Este.

Los detenidos habían sido trasladados al Centro de Monitoreo Urbano para su identificación, y luego derivados a distintas alcaidías. Ahora, deberán comparecer ante la justicia para la revisión de sus antecedentes y la continuidad del proceso judicial.

Represión y enfrentamientos: 124 detenidos y 20 heridos

Los disturbios se desataron el miércoles por la tarde, cuando fuerzas de seguridad reprimieron a jubilados e hinchas de distintos clubes que se manifestaban frente al Congreso en reclamo de mejoras en los haberes previsionales.

Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, hubo un saldo de 124 detenidos y al menos 20 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra en estado grave tras recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza.

El operativo, liderado por la ministra Patricia Bullrich, incluyó el despliegue de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, equipados con escudos, cascos y gases lacrimógenos. En medio de la represión, manifestantes incendiaron contenedores, patrulleros y otros vehículos, lo que generó una escena de caos en la zona.

Los enfrentamientos se extendieron hacia Plaza de Mayo, donde nuevamente las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes para despejar la zona. Allí se formó un cerco policial para proteger la Casa Rosada, y la represión se intensificó con nuevos detenidos.

Impacto político y repercusiones

Los hechos han generado un fuerte debate en torno al derecho a la protesta, el uso de la fuerza policial y la criminalización de la movilización social. Mientras el Gobierno sostiene que los disturbios fueron parte de un intento de desestabilización, la oposición y organismos de derechos humanos denuncian un avance sobre las libertades democráticas.

Con los jubilados como protagonistas de la protesta y la intervención de barras bravas en las movilizaciones, el episodio ha abierto un nuevo frente de tensión en la política argentina, con la seguridad y la represión en el centro del debate público.