El proyecto de Ley Ómnibus, tras ser devuelto a Comisiones por el presidente Javier Milei desde Israel, inicia una nueva etapa en el Congreso argentino. Mientras algunos dan por muerto el proyecto, se plantea la posibilidad de convocar un plebiscito para definir su futuro.

Aunque Milei calificó a los votantes en contra como “delincuentes” y publicó una lista de “traidores”, el ministro del Interior Guillermo Francos se distanció de esa narrativa, expresando su deseo de volver a negociar con distintos sectores políticos. Martín Menem, presidente de la Cámara baja, se reunió con Francos para analizar las posibilidades y evitar, dentro del marco constitucional, pasar por el Congreso con la mayor cantidad de temas posibles.

La aprobación del proyecto ya enfrentaba obstáculos antes de la sesión del martes, con desacuerdos entre los gobernadores y el Gobierno Nacional sobre la distribución de fondos. La posibilidad de un ajuste mayor amenazaba las negociaciones.

Aunque se plantea la opción de convocar un plebiscito, este no garantiza la aprobación del proyecto. La Consulta Popular, según constitucionalistas, otorgaría fuerza política pero no jurídica, ya que el Congreso estaría obligado a tratarlo pero no a aprobarlo. La posibilidad de convocar un plebiscito es debatida en términos constitucionales, con opiniones divididas sobre si el presidente puede convocarlo sobre asuntos que competen al Congreso.