Gritos, insultos y forcejeos interrumpieron el primer plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. El proyecto tiene 133 artículos y crea un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
BUENOS AIRES.– El primer debate en comisión del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y conocido políticamente como Ley Malvinas, terminó este miércoles muy lejos del debate legislativo que había previsto el oficialismo. La reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores quedó interrumpida después de una sucesión de cruces entre diputados de La Libertad Avanza y Unión por la Patria, con Juan Grabois como protagonista central de varios de los enfrentamientos.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre, tiene 133 artículos y propone modificar normas vinculadas con defensa, seguridad, inteligencia, recursos naturales y protección de los espacios marítimos, aéreos y terrestres. El texto también crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, además de establecer un nuevo régimen de sanciones frente a la explotación no autorizada de recursos naturales.
El episodio político ocurrió apenas un día después de que la Corte Suprema dejara sin efecto, por una cuestión de legitimación procesal, el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, norma que había derogado la Ley de Tierras Rurales. El máximo tribunal aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de esa disposición.
Ese fallo se convirtió en uno de los primeros puntos de tensión durante la reunión parlamentaria. Para sectores opositores, la decisión judicial contrastaba con el discurso oficial sobre defensa de la soberanía territorial.
Un proyecto que excede la cuestión Malvinas
Aunque el Gobierno presentó la iniciativa como parte de su estrategia para reforzar la posición argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, el alcance del proyecto es considerablemente más amplio.
La iniciativa deroga la Ley 26.659, vinculada con las sanciones a quienes desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización, y propone reemplazarla por un régimen que alcanza también otros recursos naturales renovables y no renovables.
El texto incorpora además modificaciones al Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia y otras normas relacionadas con seguridad y protección de recursos estratégicos.
Entre las sanciones previstas aparecen penas de prisión, multas e inhabilitaciones, mientras que las personas y empresas alcanzadas podrían enfrentar restricciones para contratar con el Estado o acceder a determinados beneficios públicos.
El Gobierno sostiene que la iniciativa busca generar instrumentos para impedir la explotación considerada ilegítima de los recursos argentinos y establecer mecanismos de respuesta frente a amenazas externas. La Oficina del Presidente resumió el proyecto en tres objetivos: sancionar la explotación no autorizada, generar incentivos para que esas actividades cesen y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas.
El Consejo de Seguridad Nacional, uno de los puntos más discutidos
Otro de los componentes centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estaría integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete y ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de funcionarios de inteligencia y de la Secretaría Legal y Técnica.
La propuesta generó cuestionamientos de distintos sectores opositores y de organizaciones especializadas en derechos humanos, que advierten sobre la amplitud de las atribuciones previstas para el nuevo esquema de seguridad. El CELS, por ejemplo, sostuvo que el proyecto podría ampliar considerablemente las facultades del Poder Ejecutivo en materia de seguridad, inteligencia y utilización del instrumento militar. Esa es una interpretación crítica de la iniciativa, no una descripción compartida por el Gobierno.
Durante el plenario, la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, Paula Tadei, defendió la iniciativa y sostuvo que el nuevo organismo apunta a articular y coordinar las funciones del Estado frente a amenazas externas.
Uno de los cuestionamientos formulados por la oposición estuvo relacionado con la ausencia de funcionarios de mayor rango del Gobierno para explicar personalmente algunos de los aspectos más sensibles del proyecto.
La posibilidad de derribar aeronaves y atacar buques
Entre los artículos que despertaron mayor atención se encuentra el protocolo destinado a responder frente a determinadas amenazas en los espacios aéreo y marítimo.
El diputado del MID Eduardo Falcone planteó objeciones respecto de las facultades contempladas para responder ante aeronaves o embarcaciones consideradas hostiles. Según su interpretación, algunas de esas disposiciones podrían permitir decisiones de carácter militar sin una intervención previa del Congreso.
La discusión se vincula con un problema constitucional de fondo: hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo en la utilización del instrumento militar sin que exista una declaración formal de guerra o una autorización legislativa.
La iniciativa propone mecanismos de respuesta frente a amenazas externas, mientras que sus críticos sostienen que algunas facultades requieren mayores controles institucionales. El debate continuará en comisión y será uno de los puntos centrales de la discusión parlamentaria.
El primer enfrentamiento: Grabois, Guzmán y Huesen
El clima comenzó a deteriorarse durante la exposición de Myriam Bregman, quien cuestionaba el proyecto y preguntaba por qué el texto no mencionaba explícitamente al Reino Unido.
Mientras Bregman hablaba, el diputado santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, intervino desde su banca. Grabois se levantó y se dirigió hacia el legislador. El intercambio terminó en un forcejeo y otros diputados tuvieron que intervenir para separarlos.
Después del episodio, Grabois reclamó al presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, que interviniera para ordenar el debate.
La tensión aumentó cuando apareció en escena el diputado tucumano Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza. El intercambio verbal entre Huesen y Grabois subió de tono y derivó nuevamente en un enfrentamiento a corta distancia. Legisladores de distintos bloques intervinieron para evitar que la situación pasara nuevamente a la agresión física.
El episodio quedó registrado por las cámaras y rápidamente se convirtió en uno de los principales acontecimientos políticos de la jornada, desplazando momentáneamente el contenido de la Ley de Defensa de la Soberanía del centro de la discusión.
El segundo cruce y el final de la reunión
La reunión volvió a tensarse durante la intervención de la diputada Juliana Santillán, quien cuestionó a Grabois por la forma en que estaba realizando su exposición.
El intercambio terminó con nuevos insultos y con el presidente de la comisión, Carlos Zapata, ordenando apagar el micrófono del diputado. Poco después, Zapata dio por terminado el plenario y se interrumpió la transmisión oficial.
La vicepresidenta de la comisión, Agustina Propato, intentó continuar con el debate, pero la reunión finalmente quedó interrumpida.
El desenlace dejó además a varios diputados sin poder realizar sus exposiciones. El plenario debía funcionar como una primera ronda informativa antes de avanzar hacia una etapa de discusión más formal.
El oficialismo mantiene el cronograma
Pese al escándalo, La Libertad Avanza no modificó por ahora su hoja de ruta legislativa.
El próximo paso está previsto para el 6 de octubre, cuando debería realizarse una segunda reunión informativa. El objetivo del oficialismo es avanzar posteriormente hacia la firma del dictamen y llevar el proyecto al recinto.
La fecha definitiva de la sesión todavía forma parte de las conversaciones parlamentarias. El oficialismo evalúa concentrar el tratamiento de distintos proyectos durante octubre, entre ellos la iniciativa sobre soberanía, la legislación vinculada con discapacidad y otras propuestas pendientes.
El proyecto ya había sido girado por la Cámara de Diputados a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, todas presididas por legisladores de La Libertad Avanza.
La discusión que queda pendiente
Más allá de los incidentes, el verdadero debate legislativo recién comienza.
La iniciativa combina dos cuestiones que el Gobierno presenta como inseparables: por un lado, la defensa de los derechos argentinos sobre Malvinas y los recursos del Atlántico Sur; por otro, una reforma más amplia del sistema de seguridad y defensa nacional.
La primera dimensión cuenta con una larga tradición de consenso político argentino en torno al reclamo de soberanía sobre las islas. La segunda abre discusiones mucho más complejas sobre facultades presidenciales, utilización de las Fuerzas Armadas, inteligencia, seguridad nacional, control parlamentario y límites constitucionales.
También deberá analizarse el alcance de las sanciones económicas y penales previstas para empresas y personas vinculadas con actividades consideradas ilegítimas, así como las consecuencias que podrían tener sobre compañías que operen en sectores estratégicos.
El Gobierno sostiene que necesita nuevas herramientas para defender los intereses nacionales. La oposición cuestiona el alcance de esas herramientas y, especialmente, la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo.
Ese será el verdadero debate que deberá afrontar el Congreso cuando vuelva a reunirse la comisión: no solamente qué hacer con Malvinas, sino qué modelo de defensa, seguridad y soberanía pretende adoptar la Argentina para los próximos años.
Contexto: el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional fue enviado al Congreso el 17 de septiembre de 2026 y figura oficialmente como el expediente 0010-PE-2026 en la Cámara de Diputados.
