Este lunes, legisladores del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica reavivaron en la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar el poder de los sindicatos, con el respaldo del gobierno de Javier Milei. La reforma busca principalmente modificar aspectos relacionados con la recaudación y la democracia interna de las organizaciones sindicales. Estos puntos clave ya estaban contemplados en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 emitido por Milei, actualmente suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, se reunirá este martes a las 11 para iniciar el tratamiento de 26 proyectos de ley. Las propuestas buscan establecer nuevas condiciones para la integración de los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad de las elecciones gremiales, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados. Estas contribuciones son descuentos salariales obligatorios para todos los trabajadores de una actividad, pactados en los convenios colectivos y que actualmente son una fuente clave de ingresos para los sindicatos. Las reformas propuestas son resistidas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que ven amenazado su poder económico y de representación.
Durante la sanción de la Ley de Bases, hubo intentos de avanzar con una reforma laboral, pero finalmente se consensuó una “modernización laboral” acotada. Aunque en esa ocasión se incluyeron algunos de los cambios propuestos por el Presidente en el DNU 70/2023, los artículos más resistidos por los sindicatos fueron eliminados. En esa oportunidad, el diputado Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, fue un crítico de las reformas y exigió postergar la discusión con los gremios hasta que se lograra la sanción de las iniciativas del Poder Ejecutivo.
Tetaz, por su parte, aseguró que “hay consenso” y que es probable que, después de algunas reuniones, se presenten dos dictámenes: uno de mayoría y otro de minoría con las expresiones del kirchnerismo y la izquierda.
En este nuevo escenario, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intentará desmarcar al Gobierno de los proyectos de ley impulsados por la UCR y el PRO para modificar la ley de Asociaciones Sindicales, con el objetivo de mantener abierto el diálogo con la central obrera. Sin embargo, Claudio Aquino, director del departamento de Asociaciones Sindicales, ya adelantó públicamente que el Gobierno planea traducir en proyectos de ley futuras modificaciones al modelo sindical, incluyendo la limitación de los mandatos sindicales y la garantía de alternancia. Además, Aquino prometió iniciativas legislativas para revisar la “cuota solidaria” y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT), que permiten que los CCT se mantengan vigentes si no se acuerdan nuevos convenios.
Entre los proyectos más destacados, uno firmado por legisladores radicales como Roxana Reyes, Julio Cobos, Pamela Verasay, y Danya Tavela propone modificar la ley de Asociaciones Sindicales para que la administración de los gremios sea ejercida por un órgano compuesto por un mínimo de nueve miembros, garantizando así la representación de un tercio para la minoría. Además, el proyecto establece que los mandatos no podrán exceder de cuatro años, con derecho a una sola reelección inmediata en caso de cumplimiento del mandato anterior sin interrupciones.
Martín Tetaz presentó un proyecto similar para “garantizar la democracia interna” de los gremios, proponiendo además que todos los beneficiarios del Sistema de Obras Sociales puedan ejercer el derecho de opción para elegir libremente su obra social. La Coalición Cívica, por su parte, promueve iniciativas para garantizar la rendición de cuentas de las cajas sindicales, disponiendo la intervención de la Sindicatura General de la Nación para supervisar las finanzas de los gremios. La legisladora Marcela Campagnoli propuso también eliminar la cuota sindical para los no afiliados.
El PRO apoya y promueve estas reformas, con la legisladora santafesina Verónica Razzini, fundadora del Movimiento Empresarial Antibloqueos, presentando un proyecto para sancionar con dureza la paralización de la actividad como medida de fuerza. “Es urgente la necesidad de una legislación que penalice dichas acciones y castigue a quienes las distorsionan con actos intimidatorios, convirtiendo a las instituciones en meras escribanías que firman acuerdos que son una sentencia de muerte para el desarrollo productivo argentino, que no para de caer a una velocidad alarmante”, sostuvo Razzini.
Fuente: La Nación
