Basta con ser familiar de un preso político en Nicaragua para terminar en la cárcel. O para sufrir agresiones, como ser obligado a despojarse de toda la ropa mientras un policía fotografía tu cuerpo desnudo antes de visitar a un pariente en prisión. “Estamos enfrentados a un régimen que practica una represión sistemática contra la población para perpetuarse en el poder”, denuncia la periodista y activista nicaragüense Wendy Quintero, miembro del Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. La organización, fundada en Costa Rica por exiliados nicaragüenses, acaba de publicar su último informe, una investigación con la que ha logrado documentar 158 casos de tortura. Las víctimas son 130 hombres, entre ellos dos menores, y 28 mujeres, “en su mayoría personas comunes y corrientes, que lo único que hicieron fue marchar con su bandera y protestar en las manifestaciones que comenzaron en abril de 2018 [contra el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo]”, señala Quintero.
El repertorio de agresiones perpetradas, tanto por agentes de las fuerzas policiales como por paramilitares, evidencia, según los investigadores, el patrón aplicado en las detenciones y arrestos: condiciones extremas e inhumanas de detención (151), palizas (130), violencia sexual (113), tratos verbales degradantes (102), amenazas de muerte contra los presos y/o sus familiares (84), desaparición forzada temporal (34), quemaduras (18), tortura por suspensión o colgamiento (17), descargas eléctricas (15), simulación de asesinato (9) y desprendimiento de uñas (7). “A todas ellas les han robado prácticamente su vida”, lamenta Quintero, que para salvar la suya tuvo que huir, de un día para otro, de su país a Costa Rica.
Estamos enfrentados a un régimen que practica una represión sistemática contra la población para perpetuarse en el poder.
La activista supo por sus vecinos que miembros de los cuerpos paramilitares rondaban su casa, cuenta durante una entrevista en Barcelona, en el marco del proyecto Ciudades Defensoras de Derechos Humanos, organizado en varios municipios catalanes. “Me perseguían por mi trabajo periodístico y mi labor como defensora de derechos humanos, porque he acompañado a personas que exigían justicia por el asesinato de sus familiares”, denuncia la informadora. Ella es una de los 190 periodistas obligados a abandonar Nicaragua. De las 355 personas que han muerto a manos de la policía o los cuerpos paramilitares desde abril de 2018, “ni un solo caso se ha llevado a los tribunales, una muestra de que la impunidad es rampante e imperante”, protesta.
El objetivo del régimen de Ortega, según Quintero, es “generar terror”. La situación es tal que, según la activista, en el marco del quinto aniversario de la represión, el pasado 18 de abril, “han ocurrido centenares de incidencias que no se han denunciado porque las pocas familias que lo han hecho están ahora detenidas”. “En Nicaragua, te tenés que estar cuidando porque no sabés quién es el que le estará pasando información al régimen”, subraya. Incluso los simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega, “también lo están pasando muy mal porque hay gente que empieza a atreverse a decir que ‘así no podemos seguir’ y ya comienzan a ser investigados y hostigados”. “Hemos sabido de sandinistas que han estado presos”, añade.
La aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos, diseñada por el régimen en 2020 para perseguir a quienes considere que publican informaciones falsas, ha creado una sensación de vigilancia omnipresente. “Hay personas que están monitoreando todo el tiempo quién dice qué y quién escribe qué cosa, pero los procesos no tienen ninguna legalidad ni garantía”, asegura la defensora de derechos humanos. Uno de los casos más paradigmáticos, según recuerda, fue el de un campesino condenado por esta norma que no sabía escribir. “En el juicio, presentaron un perfil de Facebook que supuestamente era suyo y el hombre dijo ‘pero señor juez, si ni siquiera sé leer, ¿cómo voy a tener Facebook?”, rememora Quintero.
Una vez aplastada la oposición interna, el siguiente paso es atacar a los familiares, también los de los exiliados. “Como no pueden controlar a la gente que estamos afuera, van a por la familia que queda en Nicaragua”, con independencia de que esté implicada o no en política. El objetivo es acallar las voces disidentes en el extranjero, narra la periodista. Ella señala que ha roto todos los vínculos con sus parientes para intentar protegerlos.
La iglesia católica, en el punto de mira
Según el recuento del colectivo para el que trabaja Quintero en Costa Rica, al menos hay aún en la cárcel 39 presos políticos. Pero tienen la sospecha de que unas 70 personas fueron detenidas en Semana Santa. El Gobierno de Ortega prohibió la celebración de procesiones durante la Pascua cristiana, un paso más en su escalada de agresiones contra la iglesia católica, que ha llevado al régimen sandinista a clausurar incluso los “comedores infantiles o refugios para personas desprotegidas” que gestionaba. “Hay sacerdotes prácticamente presos en sus parroquias; ponen una patrulla afuera de la iglesia o van simpatizantes del partido a las misas para verificar qué dicen”, narra Quintero.
Al menos tres religiosos están detenidos, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel por “traición a la patria”, “menoscabo de la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Álvarez ha sido, asimismo, despojado de su nacionalidad. La pena de prisión fue la expresión máxima de uno de los lemas instaurados por el régimen, el exilio o la cárcel: un día antes, el religioso se había negado a abandonar Nicaragua junto con los 222 presos políticos liberados por Ortega y enviados a Washington, que también fueron privados de la nacionalidad.
Pese a ello, Quintero cree que hay “un atisbo de esperanza” porque ni Ortega ni Murillo son “eternos”. Además, tiene fe en la actuación de los organismos internacionales. “El mismo Grupo de Expertos [de Derechos Humanos de Nicaragua, de la ONU] estableció en su informe de marzo que la pareja presidencial cometió crímenes de lesa humanidad en el país, que son perseguibles a través del sistema universal de justicia en cualquier Estado donde se acepte”, recuerda la activista.
Un juez abrió el pasado octubre en Argentina una investigación penal para investigar estos crímenes. “Creemos que es posible hacer otros más en otros países; serán procesos que durarán quizás muchísimos años, pero sabemos que la justicia va a llegar”, vaticina Quintero, que rechaza la posibilidad de una reconciliación basada en amnistías. Porque, según advierte, “hay que aprender de la historia y no repetir los errores del pasado”.
Periodista de EL PAÍS desde 2007, trabaja en la sección de Internacional. Está especializada en desinformación y en mundo árabe y musulmán. Es licenciada en Periodismo con Premio Extraordinario de Licenciatura y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.
