El estudio del centro de estudios económicos Idesa pone en relieve que las provincias argentinas transfieren gastos al gobierno nacional, lo que aumenta el déficit fiscal del país. Según el sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, en el año 2021 el gasto en funciones sociales que son responsabilidad de las provincias y sus municipios asciende a 2,5% del PBI. Si el Estado nacional dejara de entrometerse en funciones que corresponden a las provincias y sus municipios, no habría déficit. Además, la superposición de funciones entre niveles de gobierno, especialmente en educación, salud, asistencia social, vivienda y urbanismo, resulta en una burocracia difícil de coordinar, la centralización de la toma de decisiones sobre cuestiones de carácter local, y la dilución de las responsabilidades.
Para combatir el déficit fiscal, el Estado argentino necesita un ordenamiento integral, que incluya el cierre de programas nacionales en áreas sociales que son responsabilidad de las provincias y municipios. En muchos casos, estos programas implican derroches de recursos públicos y entorpecen la gestión. Además, la tarifa de los servicios de energía y transporte debería reflejar los costos de producción, y los regímenes de tarifa social deberían estar a cargo de las provincias y municipios. La inflación, que se produce cuando el Estado financia su sobregasto, es la forma más sencilla para el Estado de financiar el déficit fiscal, y esto provoca graves problemas económicos. Por lo tanto, es necesario recuperar y mantener los superávits gemelos para lograr credibilidad y estabilidad económica en Argentina.
