TIJUANA —
Una semana después de que los criminales prácticamente sitiaron a Tijuana y esgrimieron disparos y llamas en otras partes del país, los mexicanos se han quedado con dudas sobre si el caos ya había terminado – así como preguntas inquietantes sobre quién tiene realmente el poder, ¿el gobierno o los cárteles?
Los violentos actos de los mercenarios de bajo nivel recordaron la fuerza y el alcance del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las asociaciones delictivas más sanguinarias de México, al que las autoridades han culpado de los ataques.
La cadena de atentados también puso de manifiesto la capacidad y la determinación -o la falta de ella- del gobierno para responder.
Al menos 40 vehículos fueron robados o secuestrados y luego quemados en las principales ciudades de Baja California el pasado fin de semana, en una impactante y significativa escalada de violencia pública en la frontera. Los informes de que el cártel de Jalisco había declarado el toque de queda en Tijuana también empezaron a circular por Internet ese viernes por la noche, vaciando muchas de las calles habitualmente concurridas.
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Aunque no hubo muertos en Tijuana, en todo México murieron 11 personas en los atentados, incluidos un niño y cuatro empleados de una emisora de radio que fueron tiroteados al azar en las calles de Ciudad Juárez el pasado 11 de agosto.
Dos días antes, en el estado de Guanajuato, fueron incendiados más de dos docenas de Oxxo’s, una conocida cadena nacional de tiendas de abarrotes. En el vecino estado de Jalisco se requisaron y quemaron coches y autobuses.
Cecilia Farfán, cofundadora del Proyecto de Recursos para la Violencia en México, que tiene su sede en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, dijo que los ataques en Tijuana ilustran una dinámica importante: que los residentes creen en gran medida que las organizaciones criminales pueden enfrentarse con éxito a las fuerzas gubernamentales en México.
Señaló el éxodo masivo de las calles de Tijuana el 13 de agosto, cuando la mayoría de los ciudadanos se fueron a casa, cerraron sus negocios y abandonaron el partido de los Xolos antes de tiempo cuando se corrió la voz de la amenaza del toque de queda del cártel. Mientras tanto, los funcionarios estatales y locales trataron de asegurar a los residentes que no había ningún bloqueo oficial.
“Lo que importa es que la gente cree que estos grupos criminales tienen la capacidad de enfrentarse a las autoridades gubernamentales”, dijo Farfán. “Esencialmente dijeron: ‘No voy a esperar para saber si es verdad o no. Mientras tú averiguas si es verdad o no, yo me voy a casa’”.
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Realidades a la vista
Las autoridades mexicanas y bajacalifornianas siguen tratando de convencer a residentes y turistas de que el peligro ha pasado. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estuvo en Tijuana el viernes por la mañana, destacando su apoyo a la gobernadora de Baja California y señalando la rápida respuesta de su administración a la situación, que incluyó la realización de arrestos y el despliegue de más tropas en las calles.
“Tiene nuestro apoyo y más aún nuestra simpatía. Venimos a decirle que no está sola y que el gobierno federal la va a apoyar siempre”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa en una base militar en el centro de Tijuana, que estaba rodeada por una presencia inusualmente grande de fuerzas militares y de la policía local.
López Obrador pareció jactarse de la rápida respuesta del gobierno al vandalismo y al miedo, un eco a los comentarios hechos por la gobernadora Marina del Pilar Olmeda y sus principales funcionarios de seguridad a principios de la semana cuando dijeron que los delincuentes se equivocaron de estado.
“Como ustedes saben en los últimos días Baja California se sumó a los estados que han recibido enfrentamientos del crimen organizado, pero afortunadamente los delincuentes recibieron una respuesta totalmente diferente a la que esperaban”, dijo Pilar, subrayando que no hubo pérdidas de vidas en Baja California como sí ocurrió en otras regiones. También elogió el rápido trabajo de las autoridades estatales de investigación en la detención de 17 personas, lo que, según dijo, condujo a los posteriores arrestos en Sinaloa de los presuntos autores intelectuales de los ataques.
(Ana Ramírez/The San Diego Union-Tribune)
Ante las amenazas de la noche del 12 de agosto, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, tomó un camino inesperado, apelando directamente a las milicias de los cárteles de la droga. Les pidió que dejaran en paz a los ciudadanos respetuosos de la ley “y que cobraran las facturas [sólo] a los que no pagaran”.
“Hoy les decimos a los grupos del crimen organizado que están cometiendo estos delitos que Tijuana va a seguir abierta y cuidando a sus ciudadanos”, dijo Caballero en un video. “Y también les pedimos que salden sus deudas con quienes no pagaron lo que deben, no con las familias y los ciudadanos trabajadores”.
Más tarde defendió su mensaje público, diciendo que se dirigía a los tijuanenses, quienes sabían a qué se refería.
Algunos expertos y ciudadanos tomaron los comentarios como que ella quería que los delincuentes mantuvieran el conflicto entre ellos. Otros pensaron que estaba alentando a los negocios legítimos a pagar cuotas de protección o extorsión, para que la noche de terror terminara.
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Aunque Caballero recibió muchas críticas por sus comentarios, los expertos dicen que su franqueza reveló una realidad única: que cierto nivel de violencia y extorsión de los cárteles se ha convertido en una parte tolerada de la sociedad mexicana, dentro de lo razonable.
Farfán calificó de desafortunadas las declaraciones de Caballero.
“Para un delito como la extorsión que rara vez se denuncia, según las estadísticas, ella está reconociendo esencialmente que está bastante extendido … que es un secreto a voces en Tijuana … lo que plantea la pregunta de ¿qué está haciendo su gobierno al respecto, además de tener una línea telefónica para denunciar la extorsión?”, dijo Farfán.
Farfán dijo que, tal vez más importante, los comentarios de Caballero indican que hay una aceptación de la existencia de ciudadanos de segunda clase, como los delincuentes, que ya no tienen garantizada la protección del Estado”, explicó. Ese sentimiento lo repiten a menudo los policías que dicen “es entre ellos” para describir los delitos entre ciudadanos que parecen no importarle tanto al Estado.
Los comentarios de Caballero podrían haber insinuado por qué la situación no se intensificó más allá de los incendios de coches en Baja California, como ocurrió en otras partes de México, dijeron los expertos, porque si los cárteles desean extraer grandes pagos de extorsión de los negocios, entonces esos negocios deben seguir teniendo clientes que no estén demasiado aterrorizados para salir a gastar dinero.
La aplicación de la extorsión es un arma de doble filo, explicaron Farfán y otros, y los grupos criminales deben decidir hasta qué punto quieren ser agresivos antes de que les perjudique.
Generar el caos
No está claro qué pretendía exactamente el cártel con su agresión, aunque hay varias teorías.
Recientemente, México ha hecho más intentos de capturar a los capos de la droga, algo que López Obrador dijo anteriormente que no haría. Los marinos mexicanos capturaron en julio al narcotraficante fugitivo Rafael Caro Quintero tras años de fuga por el asesinato en 1985 del agente de la DEA del condado de Imperial, Enrique “Kiki” Camarena.
Además, las incautaciones en México de laboratorios de metanfetamina y del opioide sintético fentanilo han aumentado considerablemente en los últimos meses.
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La chispa que desencadenó el caos en Jalisco y Guanajuato la semana pasada se remonta, al parecer, al momento en que los militares se encontraron con una reunión en la que participaba un jefe del cártel de Jalisco. El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, dijo que los soldados no tenían conocimiento de ello y que sólo intentaban interceptar un convoy del cártel.
Otros especularon que la avalancha de ataques fue provocada por la captura de Ricardo Ruiz, alias “RR” o “Doble R”, uno de los principales líderes del CJNG en el oeste de México. López Obrador insiste ahora en que Ruiz nunca fue capturado.
Durante una conferencia de prensa el miércoles, el procurador general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, dijo que el objetivo del CJNG a nivel local era incitar el pánico y el miedo.
“Es precisamente un evento propagandístico que pretende demostrar que grupos de personas que operan en la clandestinidad pueden tomar decisiones para infundir este tipo de pánico”, dijo. Luego agregó que el cártel pagó a sus mercenarios salarios de aproximadamente 3 mil pesos o 150 dólares por cada auto que lograron quemar el pasado fin de semana.
Dijo que los arrestados están siendo acusados de delitos como daño a la propiedad, incendio provocado y terrorismo.
El gobierno federal de México, sin embargo, criticó el uso de la palabra “terrorismo” por parte de los medios de comunicación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo: “No son ataques terroristas; no hay que exagerar los hechos”.
El analista de seguridad mexicano Alejandro Hope dijo a Associated Press que cree que el caos fue lo principal.
“Generar caos, generar incertidumbre, generar miedo, disparar a todo lo que se mueve”, dijo. “Eso es algo que genera terror”.
Pero, Hope añadió: “El terrorismo implica un objetivo político. No sé cuál es el objetivo político en este caso”.
López Obrador, que es propenso a esgrimir teorías sin fundamento, no estaba tan seguro de que la política no estuviera implicada. Sugirió el lunes que los ataques eran parte de una conspiración política en su contra por parte de opositores a los que califica de “conservadores”, y sostuvo que “no hay un gran problema” de seguridad.
“No sé si había una conexión, una mano oculta, si esto había sido preparado”, dijo.
Campo de batalla volátil
Las bulliciosas calles del centro de Tijuana parecían haber regresado a niveles normales de actividad durante la semana, con algunos residentes teniendo dudas persistentes sobre si la agresión había terminado realmente.
Toda la región, que limita con el sur de California, es un lucrativo corredor de tráfico que alimenta el enorme apetito de Estados Unidos por las drogas. La ruta estuvo dominada durante mucho tiempo por el cártel de los Arellano Félix, pero desde entonces se ha convertido en un campo de batalla entre varias bandas descentralizadas y fracturadas, incluidas facciones de los cárteles de Jalisco y Sinaloa.
Nathan P. Jones, profesor asociado de estudios de seguridad en la Universidad Estatal de Sam Houston, señaló un artículo de Héctor de Mauleón, un famoso columnista mexicano, que describía al cártel de Jalisco como “la sombra que nadie ve”. Jones dijo que el CJNG ha estado presente y activo en Tijuana al menos desde 2012.
“Se puede demostrar que están presentes en algún nivel, ya sea a través de alianzas o contratos o algo, en todos los estados de México”, dijo Jones.
Dijo que se debe prestar especial atención a las relaciones entre las bandas de bajo nivel que luchan por el territorio en Tijuana y las organizaciones criminales más grandes que compiten por el control estratégico de la rentable ruta de tráfico hacia California y el resto de Estados Unidos.
“El crimen organizado se aprovecha del mercado del crimen desorganizado”, explicó Jones. Hay todos estos delincuentes de bajo nivel que trabajan por salarios increíblemente bajos, y el crimen organizado puede aprovecharse de ellos”. Ese parece ser el modelo de negocio del CJNG”.
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Wendy Fry is a member of the Watchdog & Accountability team at The San Diego Union-Tribune. She worked at the newspaper from 2009 to 2012, and worked at NBC San Diego from 2013 to 2018 before returning to the paper. Wendy won SPJ’s Sol Price Award for Responsible Journalism in 2012 for her coverage of corruption at the Sweetwater schools, and she won the Grand Golden Watchdog Award from the San Diego County Taxpayers Association in 2017.
Fuente: NYT, EEUU
