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El presidente Donald Trump y las nuevas autoridades venezolanas presentan su inédita alianza política y económica como un éxito rotundo. Desde Washington, Trump aseguró la semana pasada que Venezuela «se ha convertido en un país feliz» gracias al flujo de dinero generado por el renovado comercio con Estados Unidos. Del otro lado, la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, liberada de las sanciones personales estadounidenses, recorre el mundo exhibiendo reuniones con líderes internacionales y promoviendo la imagen de un país en recuperación.
Sin embargo, detrás del relato oficial emergen crecientes tensiones económicas, políticas y sociales que ponen en duda la sostenibilidad del nuevo modelo impulsado bajo la tutela de Washington.
A seis meses de la caída de Nicolás Maduro y del establecimiento de un esquema de fuerte supervisión estadounidense sobre la economía venezolana, los resultados siguen siendo ambiguos. Si bien el país registra una recuperación parcial de la producción petrolera y una desaceleración de la inflación, la mayoría de los venezolanos continúa enfrentando serias dificultades para llegar a fin de mes.
La inflación anual, aunque descendió respecto de los niveles extremos registrados durante los últimos años, todavía alcanza el 524%, la más alta del mundo. Los salarios crecieron, pero continúan siendo insuficientes frente al constante aumento del costo de vida. Al mismo tiempo, el bolívar mantiene una fuerte tendencia a la depreciación.
La brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar negociado en los mercados paralelos —utilizado por gran parte de la población— continúa ampliándose. Actualmente, la divisa estadounidense cotiza en el mercado informal aproximadamente un 25% por encima del valor oficial, alimentando nuevas presiones inflacionarias y estimulando la fuga de capitales.
«Que se queden aquí tres meses sin escoltas y hagan las compras en cualquier supermercado para ver si esto realmente mejoró», afirmó Álvaro Espinoza, un joyero de Los Teques, reflejando el escepticismo de numerosos ciudadanos respecto del discurso oficial.
El descontento social comienza a reflejarse también en la opinión pública. Una encuesta realizada por la consultora AtlasIntel para Bloomberg reveló que la aprobación de Rodríguez cayó al 25% en mayo, acumulando tres meses consecutivos de descenso.
Desde Washington sostienen que la transformación económica necesita tiempo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró recientemente que por primera vez en más de una década «la riqueza del país está comenzando a beneficiar al pueblo venezolano», aunque reconoció que aún queda un largo camino por recorrer.
La estrategia estadounidense se apoya en un objetivo central: asegurar el suministro petrolero venezolano para los intereses energéticos norteamericanos y, simultáneamente, estabilizar la economía con la expectativa de convocar futuras elecciones democráticas.
No obstante, la intervención sobre las finanzas venezolanas ha generado nuevas distorsiones. El control de los flujos de divisas concentra gran parte de los dólares provenientes del petróleo en un reducido grupo de bancos y grandes empresas vinculadas al sistema financiero internacional. Buena parte de esos recursos permanece depositada en cuentas en el exterior en lugar de canalizarse hacia inversiones productivas dentro del país.
Economistas y empresarios locales advierten que, pese al cambio político, persisten mecanismos históricos de especulación cambiaria que desalientan la inversión y profundizan la desigualdad. Quienes acceden a dólares al tipo de cambio oficial pueden obtener importantes beneficios revendiendo esas divisas en mercados paralelos, reproduciendo prácticas que durante años caracterizaron al modelo económico venezolano.
«Lo único que hicieron fue mover una pieza del tablero; la estructura sigue intacta», afirmó la jueza retirada Tiotiste Herrera. «Los problemas de fondo permanecen e incluso algunos se han agravado».
La recuperación petrolera tampoco está exenta de costos. El aumento de la producción energética está ejerciendo una fuerte presión sobre la deteriorada infraestructura eléctrica nacional. El gobierno enfrenta el dilema de priorizar el suministro de electricidad hacia los yacimientos petroleros o hacia los hogares venezolanos.
Los apagones se han intensificado durante este año, agravados por la sequía que afecta la generación hidroeléctrica y por décadas de falta de inversión en el sistema eléctrico.
Mientras tanto, las protestas sociales vuelven a multiplicarse. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante los primeros cinco meses del año se registraron cerca de veinte manifestaciones diarias, casi el triple que en igual período del año anterior.
En paralelo, comienzan a surgir tensiones políticas dentro del propio oficialismo. Algunos sectores del Partido Socialista Unido de Venezuela cuestionan en privado el grado de dependencia respecto de Washington y consideran humillantes ciertas demostraciones de poder estadounidense, como recientes operaciones militares y extradiciones realizadas desde Caracas.
Aunque el país exporta más petróleo y recibe mayores ingresos que durante la etapa final del gobierno de Maduro, economistas coinciden en que solo una pequeña parte de esos recursos permanece efectivamente dentro de Venezuela y aún menos llega a la población.
La gran promesa de prosperidad impulsada por Donald Trump y Delcy Rodríguez muestra, por ahora, un crecimiento concentrado en sectores específicos, mientras millones de venezolanos continúan esperando que la recuperación económica se traduzca en una mejora concreta de sus condiciones de vida.
