La trama judicial que rodea a la AFA: causas frenadas, maniobras cruzadas y el fallo clave que puede redefinir el futuro de Tapia y Toviggino

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Las investigaciones judiciales que involucran a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesan un momento de parálisis decisiva. Después de más de dos meses de escasos avances, los expedientes que comprometen al presidente de la entidad, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino permanecen en una suerte de limbo procesal, a la espera de una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que podría alterar el tablero judicial y político del fútbol argentino.

En el centro de la disputa aparece una maniobra procesal orientada a concentrar los expedientes más sensibles en un único juzgado: el federal de Campana. El movimiento, impulsado formalmente por la defensa vinculada a los supuestos propietarios de una lujosa mansión en Pilar bajo investigación, habría contado —según distintas fuentes judiciales— con la influencia indirecta de abogados cercanos al círculo de Tapia y Toviggino.

La definición de Casación, esperada en los próximos días, podría confirmar esa concentración de causas o, por el contrario, devolver los expedientes a los fueros donde se registraron los principales avances investigativos: el federal y el Penal Económico. En los tribunales de Comodoro Py la lectura es unánime: el fallo marcará un antes y un después.

El intento de centralizar los expedientes

El episodio comenzó a cobrar forma a comienzos de marzo, pocos días después de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. El 9 de marzo, apenas cuatro días después de la jura del nuevo ministro, el juez federal de Campana, Alejandro González Charvay, solicitó a otros magistrados que se desprendieran de causas vinculadas con el entramado investigado.

La estrategia logró avances parciales. Uno de los expedientes incorporados fue el relacionado con la firma TourProdEnter, investigada por movimientos millonarios ligados a negocios internacionales de la AFA. Sin embargo, la jugada no alcanzó a absorber una causa clave que sigue bajo órbita de la jueza Paula Petazzi y de la fiscal Silvana Russi, en el fuero penal ordinario.

Ese expediente concentra material explosivo: documentación financiera proveniente de Estados Unidos, movimientos bancarios, transferencias internacionales y un esquema societario que, según investigadores, podría haber servido para canalizar fondos por fuera de los circuitos formales.

En los despachos judiciales, la ofensiva generó fuertes tensiones. Algunos investigadores interpretaron la maniobra como un intento de vaciar de contenido causas sensibles justo cuando comenzaban a emerger pruebas comprometedoras.

Los “discovery” de Miami y una red de transferencias bajo sospecha

Uno de los focos más delicados de la investigación involucra al empresario teatral y productor Javier Faroni, señalado como pieza central en operaciones financieras vinculadas a la AFA en Estados Unidos.

La documentación judicial obtenida mediante procedimientos de discovery —mecanismo del derecho estadounidense que permite acceder a registros bancarios y societarios— reveló un entramado de más de 3.000 páginas con movimientos financieros realizados desde Miami.

Según la información incorporada a las investigaciones, las transferencias superarían los 57 millones de dólares, canalizadas presuntamente a través de una red de al menos diez sociedades consideradas “fantasma”.

Entre las firmas bajo análisis figuran TourProdEnter, Marmasch, Soagu Services, Velp, Velpasalt y SOMA SRL, esta última vinculada a operaciones inmobiliarias relacionadas con una propiedad de lujo en Pilar.

El dato más llamativo es que, pese al volumen de evidencia reunida y al tiempo transcurrido desde que comenzaron a conocerse las operaciones, ningún protagonista central del entramado fue citado aún a declarar.

La ofensiva legal para bloquear pruebas

Ante el peso potencial de la documentación estadounidense, Faroni activó una nueva estrategia judicial para limitar el alcance probatorio del material.

A fines de marzo, TourProdEnter —empresa administrada por Faroni junto a su esposa, Erica Gillette— solicitó a jueces estadounidenses la emisión de una protective order (orden de protección) destinada a impedir que el contenido de los discovery sea utilizado en causas penales argentinas.

El argumento central de la presentación sostiene que los documentos habían sido originalmente solicitados por el empresario Guillermo Tofoni en el marco de un litigio comercial contra la AFA y no para investigaciones criminales.

Un magistrado del estado de Georgia ya hizo lugar parcialmente al planteo respecto del banco Synovus Bank, una de las cinco entidades financieras que entregaron registros bancarios.

Sin embargo, la disputa continúa. La segunda etapa del movimiento judicial apunta directamente a invalidar el valor probatorio de esos documentos en Argentina, justo cuando Casación debe resolver qué juzgado conservará el control de los expedientes.

Un informe clave de la Procelac

En paralelo, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal Diego Velasco, emitió un extenso informe de más de cincuenta páginas que refuerza el valor investigativo de los documentos llegados desde Estados Unidos.

El organismo recomendó profundizar la cooperación internacional y solicitar nuevamente información mediante mecanismos específicos para cada expediente, incluyendo la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT.

La conclusión del informe es contundente: la documentación obtenida permite reconstruir trayectorias financieras, identificar sociedades, cuentas bancarias y actores relevantes, además de orientar futuras medidas judiciales tanto en el país como en el exterior.

Para los investigadores, se trata de evidencia preliminar de enorme relevancia que podría arrojar luz sobre negocios internacionales de la AFA y eventuales desvíos de fondos.

El expediente que sí avanza: evasión y procesamiento

Mientras la mayoría de las investigaciones permanecen empantanadas, existe una excepción: el expediente que tramita ante el juez Diego Amarante.

En esa causa, Tapia y Toviggino ya fueron procesados por presunta evasión tributaria. La defensa apuesta ahora a revertir el escenario en la Cámara Penal Económica, donde se revisará el caso.

El contexto no es menor: ese tribunal atraviesa una fuerte reconfiguración interna producto del ingreso de nuevos pliegos judiciales impulsados por el Gobierno.

Fuentes judiciales sostienen que uno de los principales problemas de la defensa surgió tras errores procesales que complicaron parte de la estrategia legal, dejando el futuro inmediato de los acusados sujeto al comportamiento procesal del resto de los imputados.

La sombra de Estados Unidos y el temor en la AFA

A pocas semanas del Mundial, en Viamonte siguen con atención otro frente potencialmente más delicado: Estados Unidos.

Dentro de la dirigencia de la AFA existe creciente preocupación por la posible colaboración judicial de Juan Pablo Beacon, ex hombre de confianza de Toviggino, quien se habría alejado del círculo de poder y conservaría información sensible.

Según fuentes cercanas al caso, del teléfono de Beacon surgieron mensajes, documentos internos e incluso videos que exhibirían movimientos de dinero en efectivo.

La posibilidad de que esa información termine en manos de autoridades estadounidenses genera inquietud en la estructura dirigencial del fútbol argentino.

Una decisión judicial que puede redefinir el escenario

Toda la expectativa está puesta ahora en la Cámara de Casación. Los magistrados ya activaron un plazo de cinco días hábiles para resolver la disputa de competencia.

En los pasillos judiciales se manejan distintos escenarios: desde la consolidación de las causas en Campana hasta un eventual regreso al fuero Penal Económico, donde podría intervenir la jueza María Verónica Straccia, reconocida por su perfil técnico e independencia.

La sensación compartida en Comodoro Py es que el fallo no necesariamente acelerará las investigaciones. También podría prolongar indefinidamente un estado de incertidumbre que, por ahora, parece beneficiar a los investigados.

Mientras tanto, las causas avanzan lentamente, atrapadas entre recursos judiciales, disputas de competencia y presiones políticas. Y en el corazón del fútbol argentino, la incertidumbre ya juega su propio partido.

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