Una luz verde ilumina al Cristo Redentor de Santa Cruz. Cuando se apagan los focos inferiores y la base vuelve a ser blanca, la imponente estatua de 7,5 metros de altura parece vestida con los colores de la bandera del departamento más rico y poblado de Bolivia.
La combinación de verde y blanco que distingue la identidad cruceña se repetía aquella noche de enero en camisetas, sombreros, pancartas y banderas regionales ondeadas por los manifestantes que acudieron al Cristo para exigir la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho.
Durante décadas, este monumento ha sido el lugar donde los cruceños se reúnen para protestar, hacer cabildos o recoger firmas a favor de iniciativas para la ciudad y el departamento. Es un símbolo del enfrentamiento entre la región y el gobierno central, ocupado desde hace años por la izquierda del MAS (Movimiento Al Socialismo) de Evo Morales y ahora de Luis Arce en La Paz.
El Cristo encarna la vocación católica y el orgullo por la herencia evangelizadora de los habitantes del oriente boliviano, una visión antagónica al repudio contra el dominio colonial español de los pueblos indígenas del occidente del país.
El arresto en diciembre del año pasado de Camacho, quien sigue detenido, fue apenas el último capítulo de una larga historia de tensiones entre el Estado central y Santa Cruz, la única provincia de Bolivia donde el MAS no ha logrado conquistar una elección de alcalde o gobernador durante los 14 años que suma al frente del Ejecutivo con los gobiernos de Morales y Arce.
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A finales de 2022, la ciudad había protagonizado una huelga de 36 días para exigir al gobierno de Arce que hiciera el censo poblacional previsto por la ley cada década, para demostrar que Santa Cruz es el departamento más próspero y poblado de Bolivia, y que por tanto merece más recursos y mayor representación en el Congreso.
Sin embargo, las autoridades alegaron limitaciones técnicas y el censo fue aplazado hasta 2024, un año antes de las próximas elecciones presidenciales.
El analista político boliviano Pablo Deheza enmarca las continuas tensiones entre Santa Cruz y el Estado central en “cuatro grandes clivajes históricos”.
“En primer lugar, el clivaje regional, la diferencia entre oriente y occidente. Segundo, el tema campo-ciudad, lo rural versus lo urbano. En tercer lugar, el clivaje racial, lo indígena versus lo europeo. Y por último, la diferencia entre mercado y Estado”.
“Existen grupos que apuestan por un mayor desarrollo del Estado, en ánimo de que pueda intervenir y equilibrar relaciones históricamente desiguales dentro de la sociedad. Y están quienes propugnan que el Estado no intervenga y que lo haga el mercado”, explica.
Deheza afirma que mientras la dirigencia cruceña prioriza los intereses del oriente y de las poblaciones urbanas, reivindica sus influencias europeas y aboga por el libre mercado, los gobiernos del MAS promueven la “visión andina e indígena” de Bolivia, tienen más influencia en el campo y apuestan por ampliar la intervención del Estado para regular la economía y las burocracias departamentales.
Más allá del conflicto entre derecha e izquierda, BBC Mundo analiza las visiones antagónicas del país que explican la tradicional tensión entre el oriente y el occidente de Bolivia, entre Santa Cruz y La Paz.
La tensión política
El reclamo autonomista de Santa Cruz es “permanente” y habita “en la memoria colectiva” de los cruceños, afirma la historiadora Paula Peña.
La expresión más reciente de ese reclamo fue la convocatoria de un paro el año pasado para exigir al gobierno de Arce que hiciera el censo poblacional.
La demógrafa y economista Melvy Vargas participó en el comité técnico de la Universidad René Moreno que encabezó la petición por el censo.
“Se pidió apoyo a los otros departamentos, pero no han sido proactivos porque el censo generará una redistribución de los escaños”, dice Vargas. “Santa Cruz ganará dos o tres parlamentarios. Posiblemente La Paz pierda uno, Sucre otro y Potosí otro”.
En el diálogo con otras provincias, las autoridades de Santa Cruz hicieron énfasis en que independientemente de la pérdida de escaños, todos los departamentos recibirán mayores asignaciones, dado que el gobierno calcula el presupuesto con la información del censo de 2012 y no con los datos demográficos actualizados.
Sin embargo, el periodista y escritor boliviano Carlos Valverde recuerda que ningún otro departamento boliviano se sumó a la protesta de Santa Cruz por el censo.
“El país tiene recelo de nosotros. Eso no es bueno. Hay que tratar de ganarlos, pero es la frustración de que siempre es ‘no’ a Santa Cruz”, afirma. “Hay momentos en que estamos solos. El resto del país no está en contra de nosotros, pero no nos ayuda ni nos colabora”.
Mientras Evo Morales ocupaba la presidencia (2006-2019), aseguró que las aspiraciones autonomistas de Santa Cruz buscaban fomentar la división de Bolivia. Sin embargo, otros departamentos del oriente como Beni, Tarija y Pando también han exigido mayores competencias para gobernar sus regiones.
“Parece contradictorio, pero buscar la unidad de Bolivia actualmente pasa por descentralizar muchos aspectos de la administración pública“, sostiene el historiador boliviano Fernando Cajías desde La Paz.
“Cada negación a una solicitud aumenta en la gente que vive en Santa Cruz esa sensación de enfrentamiento con el Estado central”, indica Paula Peña desde su oficina en el Museo de Historia de Santa Cruz.
Sin embargo, la politóloga Adriana Salvatierra, exsenadora del MAS por Santa Cruz, asegura que la reivindicación cruceña es planteada como “un nuevo centralismo departamental”.
“La construcción del Estado plurinacional tuvo la claridad de garantizar que ese proceso autonómico no sólo alcanzara a los departamentos, sino también a los municipios y a los gobiernos indígenas originarios campesinos”, señala Salvatierra en referencia a la Constitución impulsada por Morales, y que fue aprobada por más del 60% de los electores bolivianos en 2009.
La exparlamentaria confía en que las visiones del oriente y el occidente pueden confluir si se garantiza “la redistribución y democratización de los derechos y las riquezas”.
La decisión del gobierno de Arce de aplazar el censo hasta 2024 desactivó las protestas en Santa Cruz el año pasado. Sin embargo, la detención de Camacho en diciembre reavivó la crispación política, y empujó al gobierno regional hacia un limbo.
Desde la oficina que ocupaba Camacho en la gobernación de Santa Cruz, el vicegobernador Mario Aguilera apunta que existe un vacío para definir la situación actual, dado que la ley define la ausencia como “el desconocimiento de la ubicación de una persona por dos años”.
El gobernador cumple prisión preventiva en Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad donde recluyen a los criminales más peligrosos de Bolivia.
El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, señaló que existen “33 indicios probatorios” que implican a Camacho en un supuesto golpe de Estado. Uno de ellos es el comprobante de una transferencia bancaria al excomandante de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros.
A finales de 2019, una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que las votaciones en las que Morales optaba por su cuarta reelección estaban viciadas de “manipulaciones” e “irregularidades”. Manifestantes en todo el país exigieron su salida y el líder del MAS ofreció convocar comicios con un árbitro electoral renovado.
Los policías se sumaron a las protestas y el comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas “sugirió” al presidente que renunciara en una alocución televisiva.
Morales renunció, Santa Cruz lo celebró y desde entonces el MAS y el expresidente, ahora fuera del país, alegan que el apoyo de los cuerpos de seguridad convirtió aquellas manifestaciones en un golpe de Estado.
“No vamos a dejar que nos vuelvan a sorprender con esas intentonas y con esas aventuras de golpe de Estado”, dijo el presidente Arce tras la captura de Camacho en diciembre del año pasado.
A los pies del Cristo Redentor, iluminado de verde y blanco como la bandera de Santa Cruz, al menos una decena de manifestantes dijeron en enero a BBC Mundo que el gobernador fue secuestrado. Mientras el orador aseguraba que los cruceños estaban “en pie de lucha”, algunos repetían la consigna: “No fue golpe, fue fraude”.
Por el momento, Camacho firma resoluciones desde la cárcel, asegura el vicegobernador Aguilera, aunque la validez legal de esos actos administrativos “está en análisis”.
La tensión económica
Las condiciones geográficas del oriente y el occidente boliviano determinan la naturaleza de sus industrias productivas. Mientras los suelos fértiles de las tierras bajas del oriente son propicios para la agricultura y la ganadería, en las tierras altas del altiplano occidental se extrae oro, estaño, zinc y cobre.
Santa Cruz es el departamento más próspero de Bolivia. Aportó 34% del Producto Interno Bruto en 2021, la mayor contribución entre los nueve departamentos del país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística.
Un cuarto de esta riqueza proviene de las industrias manufactureras, seguidas por las actividades agropecuarias.
Desde un aula de la Universidad René Moreno en Santa Cruz, la socióloga paceña Elisa Saldías explica que “la contradicción estructural” entre el oriente y el occidente de Bolivia radica en sus “visiones de desarrollo”.
“Las actividades económicas en occidente se desarrollan en función de lo colectivo, en contra del sistema capitalista. Santa Cruz tiene otra visión: producir y exportar, ser eficiente en términos de tecnología y educación”.
El abogado cruceño Carlos Hugo Molina, quien lideró el diseño del modelo de descentralización boliviano a partir de las autonomías municipales en los años 90, advierte que el rol del Estado en el manejo de la economía es uno de los debates fundamentales que separa al oriente del occidente boliviano.
“El desarrollo cruceño tiene que ver con una economía de libre mercado, basada en la iniciativa privada, que se ve limitada porque el gobierno no acepta ese modelo, lo cuestiona y le pone trabas”, critica Molina. Como parte de esa lógica, “se prioriza la inversión pública en función del reparto del excedente desde el Estado central”.
Imponer cuotas de exportación a la soja y la carne para garantizar el abastecimiento del mercado interno es una forma de frenar ese crecimiento, opina el empresario y dirigente opositor Gustavo Pedraza, quien fue ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación durante el gobierno del expresidente Carlos Mesa, entre 2003 y 2005.
En octubre del año pasado, el gobierno de Arce ordenó la suspensión durante varios días de las exportaciones de soja, azúcar, aceite y carne en medio de las protestas por el censo. Alegó que intentaba proteger el suministro nacional, pero la dirigencia cruceña interpretó la decisión como una severa represalia para debilitar las manifestaciones.
“Las medidas de protección no buscan afectar a Santa Cruz, sino más bien garantizar la economía de los cruceños, aún cuando esto afecte los intereses de grupos económicos del departamento”, replica Adriana Salvatierra, exsenadora del MAS.
BBC Mundo solicitó durante semanas entrevistas con representantes del gobierno de Luis Arce.
El ministro de Economía y Finanzas boliviano, Marcelo Montenegro y el ministro de gobierno, Carlos del Castillo, fueron consultados pero no concedieron las entrevistas para el momento de la publicación de este artículo.
Las tensiones económicastambién tienen profundas raíces históricas.
El historiador paceño Fernando Cajías recuerda que Santa Cruz creció de “una forma bastante autónoma” desde la época colonial. Asegura que el departamento logró una importante victoria a mediados de los años 60, cuando el Estado central accedió a entregar a las provincias el 11% de las regalías obtenidas por la venta del petróleo.
“En ese momento empieza el boom de Santa Cruz. Van surgiendo grupos empresariales y a la vez el Estado destina una parte de las ganancias de la minería para apoyar las inversiones en petróleo”, precisa Cajías desde La Paz.
Durante 2021, en Santa Cruz se generó el 35,7% de la producción de condensado de petróleo de Bolivia y el 36% del gas natural del país, de acuerdo al Instituto Cruceño de Estadística.
El historiador reivindica la importancia del occidente boliviano como el gran mercado nacional de los productos de Santa Cruz, aunque afirma que el “centralismo excesivo” ha fomentado entre los cruceños la convicción de que “no pueden manejar sus recursos como quisieran”.
El hecho de que el Estado no haya construido un puerto en el oriente de Bolivia para incorporarse a la hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay “es una muestra de que el centralismo juega en contra de la prosperidad cruceña”, opina desde su despacho el presidente de la Asamblea Legislativa departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic.
La hidrovía es un canal navegable que daría a Bolivia una conexión con el mar para movilizar sus exportaciones a través del océano Atlántico durante todo el año. “El país entero se beneficiaría del acceso a la hidrovía, sería un ejercicio de soberanía. Es no darle más alas a este pueblo”, protesta Matkovic.
Sin embargo, Salvatierra, del MAS, recuerda que el Estado central ha invertido en la conexión terrestre del oriente con el resto del país, en su industrialización y en la ampliación de la infraestructura.
“El gobierno nacional ha incorporado a Santa Cruz en términos de obras y proyecciones estratégicas. No se puede hablar de un proyecto nacional si Santa Cruz no ocupa el rol que proporcionalmente le corresponde en el soporte económico del país”.
La tensión cultural
Las diferencias culturales constituyen un tercer eje de tensión entre el oriente y el occidente de Bolivia.
Los habitantes del oriente se conocen como cambas. Los del occidente, collas.
Las formas de hablar, la indumentaria típica de cada región y el mestizaje de sus habitantes son algunos de los elementos que enumera el historiador Fernando Cajías para ilustrar las diferencias entre ambas regiones.
Afirma que en el occidente boliviano existe “una tradición de Estado”, debido a la influencia de los aymaras y los quechuas, que provienen del imperio inca.
En contraste, la población del oriente se origina en los pueblos indígenas de Paraguay y la capital del departamento se levantó con la contribución de los hacendados, empresarios, y asociaciones políticas y sociales que se unieron en 1950 para fundar el Comité Pro Santa Cruz y construir los servicios de agua, luz, alcantarillado y teléfono.
Setenta y dos años después, el comité se hace llamar “el gobierno moral” de Santa Cruz.
“El Comité Pro Santa Cruz fue el primero en plantear proyectos para el crecimiento de la ciudad, el primero que propuso la autonomía de Santa Cruz y el primero en convocar iniciativas políticas de alcance nacional”, explica Rómulo Calvo, un cirujano proctólogo que preside el comité desde su residencia, donde cumple prisión preventiva desde hace más de un año con 27 causas judiciales en su contra por delitos como discriminación y ultraje a símbolos patrios.
Calvo afirma que Morales señala a la dirigencia cruceña de discriminar a los indígenas del occidente boliviano para fomentar el rechazo de otros departamentos hacia Santa Cruz.
Cada año el departamento recibe a miles de migrantes de poblaciones rurales e indígenas de toda Bolivia en busca de empleo y bienestar económico.
Desde su cuenta de Twitter, Morales acusa a los dirigentes del Comité Pro Santa Cruz de “elitismo y racismo sectarista”. Ha dicho que Calvo es “la personificación del racismo y regionalismo que, alimentados por el odio, desprecian a bolivianas y bolivianos orgullosos de nuestra dignidad y plurinacionalidad indígena, originaria y campesina”.
La Constitución del estado plurinacional de Bolivia reconoce a 36 pueblos indígenas. La mayoría de los que habitan en los andes bolivianos son quechuas o aymaras. En el oriente, la mayoría pertenece a los pueblos chiquitanos y guaraníes.
Aunque Morales es considerado el primer presidente indígena del país y Arce ha señalado que la Bolivia plurinacional “encontró en su diversidad su mayor fortaleza”, líderes indígenas de Santa Cruz dicen no sentirse representados por el discurso indigenista del MAS.
“En el oriente surgió el pacto de unidad nacional. Nosotros fuimos la primera fuerza que llevó a Evo al poder y terminó apartándonos”, critica el dirigente Adolfo Chávez desde la sede en Santa Cruz de la Confederación de Pueblos Indígenas (Cidob).
Al igual que la mayoría de los cruceños, la dirigencia indígena de Santa Cruz rechaza la detención del gobernador Camacho.
La expresión de rechazo más contundente al arresto del gobernador fue el incendio de la sede departamental de la Fiscalía, en las adyacencias al Cristo Redentor, que en diciembre redujo a escombros el edificio más importante del Ministerio
úblico en la capital del oriente boliviano.
Semanas después, el Comité Pro Santa Cruz acordó solicitar la convocatoria de un referéndum revocatorio contra el gobierno de Arce, en un cabildo que se celebró cerca del edificio de la Fiscalía y frente al Cristo Redentor, el lugar donde los cruceños protestan y debaten una idea de país opuesta a la de La Paz.
Fuente: BBC. Londres.
