La pobreza en Argentina baja al 49,9%, pero la indigencia sigue siendo alta y afecta a los niños

La pobreza en Argentina ha experimentado una leve reducción en el tercer trimestre de 2024, alcanzando el 49,9% de la población, lo que equivale a unos 23 millones de habitantes. Este dato, proporcionado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, muestra una mejora con respecto al 55% de pobreza registrado a principios de año. Sin embargo, sigue siendo una de las tasas más altas en las últimas dos décadas y se mantiene por encima de los valores que se reportaban al cierre de 2023.Este informe muestra la compleja situación económica que atraviesa el país, aunque se destaca una leve reversión de la crisis social en el segundo y tercer trimestre de 2024. La mejora en los índices de pobreza se vincula al efecto de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, pero también al agotamiento de un ciclo económico de más de 20 años, en el que la inflación y el déficit fiscal jugaron roles determinantes.Impacto del ajuste económico y las políticas de MileiAgustín Salvia, director del ODSA, explicó que la reducción de la pobreza no se debe solo a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno, sino también a la evolución de un ciclo económico que lleva décadas afectando la economía de los hogares más vulnerables. En este sentido, Salvia resaltó que las políticas de ajuste del gobierno de Milei se implementaron a un ritmo acelerado, lo que generó un alto costo social inmediato. A pesar de ello, indicó que su impacto no ha sido tan profundo como se esperaba inicialmente, lo que podría indicar que el proceso de ajuste se está estabilizando y dando algunos resultados positivos.A pesar de la leve mejora en la pobreza, los niveles de indigencia siguen siendo preocupantes. La indigencia pasó de 18,1% en el primer semestre a 12,3% en el tercer trimestre de 2024, aunque sigue siendo un porcentaje elevado. Esta situación revela que, aunque el gobierno está logrando ciertos avances en el control de la pobreza, aún persisten profundas desigualdades, con millones de personas sin acceso a los recursos básicos necesarios para vivir dignamente.Además, el informe subraya que un gran número de hogares ha tenido que reducir su consumo de bienes y servicios esenciales debido a la precariedad económica. De acuerdo con los datos del ODSA, el 29,4% de los hogares ha tenido que recortar el gasto en medicamentos, el 29,9% no ha podido pagar impuestos o tasas municipales, y el 27,1% no ha podido abonar algún servicio básico como agua o luz.Crisis de la pobreza infantilUno de los aspectos más alarmantes del informe es la situación de la pobreza infantil, que sigue siendo una de las mayores preocupaciones sociales del país. El 65,5% de los niños en Argentina vive en condiciones de pobreza, y 19,2% en situación de indigencia. Este es un fenómeno que ha empeorado con el paso de los años, dado que hace solo una década, en 2011-2012, el porcentaje de niños pobres era del 40%. Este incremento de la pobreza infantil pone en evidencia la desinversión generacional en políticas sociales y educativas, con un crecimiento alarmante en las desigualdades sociales.Salvia destacó que la pobreza infantil no solo afecta a los hogares más vulnerables, sino también a los estratos sociales medios. La pobreza extrema, sin embargo, se concentra principalmente en los hogares con poco capital social. Esto implica que los niños en hogares donde no hay acceso a servicios de salud, educación de calidad o redes de apoyo están siendo los más afectados por la crisis.Este contexto de pobreza infantil tiene consecuencias devastadoras para el futuro del país. Los niños que crecen en situaciones de extrema pobreza tienen menos oportunidades de acceder a una educación de calidad, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y limita su capacidad de desarrollo personal y profesional en el futuro. Además, las condiciones de pobreza y malnutrición afectan directamente el rendimiento cognitivo y físico de los menores, lo que genera brechas aún más amplias en el acceso a una vida digna.El desafío de la competitividad económica y la asistencia estatalUno de los temas clave que plantea el informe es la necesidad de mejorar la competitividad económica del país para poder generar más empleos de calidad y reducir la pobreza a largo plazo. Para ello, el gobierno sigue enfrentando el desafío de reducir la presión fiscal, mejorar las condiciones laborales y, en especial, aumentar la inversión privada. Sin embargo, el escenario económico sigue siendo complejo, con alta inflación, desempleo, y una economía que aún lucha por estabilizarse.En este contexto, el Estado Nacional, provincial y municipal sigue desempeñando un rol crucial. Actualmente, el 36,3% de los hogares urbanos recibe alguna forma de asistencia económica directa o indirecta del Estado. Si se excluyeran las ayudas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras pensiones no contributivas, el porcentaje de pobreza subiría a un alarmante 55,4%.Este dato demuestra que, si bien las políticas de ajuste fiscal y la mejora en las reservas internacionales pueden ayudar a reducir el déficit, la asistencia social sigue siendo fundamental para evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida de la población más vulnerable.Perspectivas a futuro: la mejora de la pobreza y la pobreza extremaAunque la situación sigue siendo crítica, el gobierno de Milei ha comenzado a implementar medidas que se centran en reducir la pobreza estructural. En este sentido, se espera que en los próximos meses, con la estabilización de la economía, se logre una mayor reducción de la pobreza y un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, esto dependerá de varios factores, como la política monetaria, la mejora de la competitividad y, sobre todo, la colaboración entre el sector público y privado para crear un entorno económico que favorezca la inclusión social y la creación de empleo de calidad.En resumen, aunque los números actuales muestran una leve mejora en la pobreza y la indigencia, Argentina sigue enfrentando grandes desafíos estructurales que afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la población, en particular a los niños y las familias de bajos recursos. La lucha contra la pobreza extrema y la mejora en las condiciones sociales será uno de los mayores retos para el gobierno en los próximos años.

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