En un fallo histórico, la Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó este jueves la reapertura de la causa por el atentado en el comedor de la Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976, y calificó el hecho como una “grave violación a los derechos humanos”. La resolución implica un giro significativo en la jurisprudencia sobre los crímenes cometidos por organizaciones armadas en los años 70, que hasta ahora eran considerados delitos comunes y, por lo tanto, prescriptos.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens instruyeron citar al exlíder de Montoneros, Mario Firmenich, a declaración indagatoria, en virtud de que la organización se adjudicó públicamente el ataque. Según el fallo, durante la dictadura militar no se investigaron los hechos ni se esclareció lo sucedido a las familias de las víctimas.

Un caso paradigmático

El atentado al comedor de la Policía Federal, perpetrado el 2 de julio de 1976, dejó decenas de muertos y heridos. Durante años, la causa permaneció cerrada debido a la decisión de la jueza María Servini, quien había sobreseído a los denunciados al considerar prescripta la acción penal. Sin embargo, el reciente fallo de la Sala I de la Cámara Federal revocó esa resolución, señalando que el hecho debe considerarse una grave violación a los derechos humanos y, por ende, imprescriptible.

Los jueces fundamentaron su decisión en tratados internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Subrayaron que la falta de investigación durante el régimen militar configura una denegación de justicia que agrava la responsabilidad del Estado.

Las implicancias del fallo

Además de citar a Firmenich, la Cámara aceptó como querellante a la “Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica”, una de las principales impulsoras de la reapertura del caso. El objetivo ahora es garantizar el avance de la investigación y realizar todas las medidas de prueba necesarias para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades, tanto de quienes participaron directamente en el atentado como de aquellos que ocuparon posiciones de mando en la organización.

Un precedente controvertido

El fallo marca un cambio de enfoque en relación con los crímenes de las organizaciones armadas en los años 70. Hasta ahora, los tribunales habían rechazado los intentos de reabrir estos casos, argumentando que se trataba de delitos comunes y no de lesa humanidad. Esta decisión podría sentar un precedente para otros casos similares, en los que las víctimas y sus familias han reclamado justicia durante décadas.

El próximo paso será la toma de declaraciones testimoniales a las víctimas y la revisión del expediente original de 1976, con miras a reconstruir los hechos y avanzar hacia el juicio a los responsables.