La justicia ha ordenado congelar los bienes del dirigente social Eduardo Belliboni mientras avanza la investigación por presunta extorsión y administración fraudulenta de fondos del programa Potenciar Trabajo. El juez federal Sebastián Casanello también ordenó congelar la billetera virtual del líder de la organización social a petición del fiscal de la causa, Gerardo Pollicita.

Casanello determinó que las sospechas en torno a Belliboni afectan a su patrimonio, alineadas con la presunción del posible desvío de los fondos estatales que administraba a través de su organización.

La decisión tuvo lugar pocos días después de que el dirigente social fuera citado a prestar declaración indagatoria por las acusaciones que pesan en su contra y en contra de otros dirigentes sociales, en el marco del expediente que investiga un presunto esquema de extorsión y coerción contra beneficiarios de programas sociales. Según la hipótesis de Casanello, los dirigentes del Polo Obrero habrían utilizado facturas falsas para “disfrazar” el uso de esos fondos, alegando que “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.

“No somos ningunos delincuentes. No tenemos secretos”, se defendió Belliboni el pasado lunes, cuando declaró frente al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa, a cargo del juez Sebastián Casanello, se centra en la sospecha del uso de facturación falsa y gastos no justificados por parte del Polo Obrero para ocultar el destino real de los fondos recibidos del Estado. La investigación judicial examina pruebas sobre el presunto desvío de fondos administrados por el Polo Obrero como unidad de gestión del Potenciar Trabajo.

Belliboni deberá presentarse a declarar el próximo 25 de junio a las 9 en los tribunales porteños de Comodoro Py, como uno de los 23 acusados en la presunta maniobra delictiva. Las declaraciones se realizarán en seis audiencias que comenzarán el 11 de junio y se extenderán hasta el 25. Belliboni comparecerá junto a otros dirigentes de la misma organización y personas asociadas con la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza, estos últimos sospechados de extorsión y amenazas. Aunque Belliboni admite que no puede garantizar la conducta de todos los miembros de su organización, defiende a los trabajadores de los comedores populares, describiéndolos como personas que se sacrifican diariamente.

Además, Belliboni acusó al gobierno nacional de querer “desviar la atención” con las denuncias contra dirigentes sociales y el manejo de la asistencia alimentaria, un tema sensible a nivel social. “Forma parte de una campaña para hacer humo en un lado cuando la economía se está derrumbando, cuando hay miles de puestos de trabajo que se pierden diariamente, cuando hay una rebelión popular en Misiones”, afirmó Belliboni tras su indagatoria.