0
0
Silenciosamente, en enero de este año, se produjo un movimiento que pasó inadvertido para la opinión pública, aunque no para quienes integran las fuerzas federales de seguridad. La DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, terminó desplazando cualquier obstáculo institucional y quedó en posición de controlar una estructura clave para el monitoreo de la Hidrovía del río Paraná.
La pregunta surge de inmediato: si los acuerdos bilaterales entre Argentina y Estados Unidos impiden que los agentes de la DEA desplegados en el país actúen formalmente en territorio nacional, ¿qué herramienta utiliza la agencia estadounidense para ejercer influencia operativa?
La respuesta son los Grupos Operativos Conjuntos (GOC), estructuras interfuerzas creadas durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, con respaldo explícito y financiamiento de la DEA. Su conformación comenzó a tomar forma durante el gobierno de Mauricio Macri y, desde entonces, se transformaron en una pieza central de la cooperación entre ambos países en materia de narcotráfico.
A comienzos de 2026, mediante la Resolución 4, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario. Sin embargo, el dato más relevante del texto oficial no estaba en la eliminación de esa unidad sino en la consolidación de otra estructura.
La resolución señalaba que, desde marzo de 2024, había comenzado a funcionar el “Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico – Región Centro” (GOC-Centro), creado para desarrollar investigaciones regionales contra organizaciones narcocriminales y delitos conexos, con especial foco en Santa Fe y su área de influencia.
En los hechos, aquella decisión implicó un cambio mucho más profundo que una mera reorganización administrativa. Significó la transferencia del protagonismo operativo hacia una estructura que, desde su nacimiento, tuvo una relación privilegiada con la DEA.
Los GOC fueron presentados originalmente como unidades de élite destinadas a combatir el narcotráfico mediante inteligencia criminal avanzada. Sin embargo, dentro de las propias fuerzas federales siempre existieron cuestionamientos acerca de sus resultados. Mientras los balances públicos mostraban escasos logros para la Argentina, la DEA encontraba en ellos una herramienta eficaz para obtener información estratégica.
La diferencia no es menor. Para muchos integrantes de las fuerzas de seguridad, los GOC no fueron diseñados prioritariamente para fortalecer la capacidad argentina de combate al narcotráfico, sino para responder a los intereses de inteligencia de la agencia estadounidense.
La DEA participaba activamente en la selección de sus integrantes y ejercía una influencia decisiva sobre su funcionamiento cotidiano. Las quejas provenientes de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval fueron recurrentes: numerosos efectivos destinados a los grupos operativos respondían más a los lineamientos de los agentes estadounidenses que a sus propias cadenas de mando.
Detrás de esta estructura aparece nuevamente un nombre conocido: Martín Verrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico. Al igual que durante la primera gestión de Bullrich, es quien coordina formalmente los grupos operativos y garantiza la articulación con la DEA. Dentro del sistema de seguridad, numerosos funcionarios lo consideran el principal facilitador de la presencia e influencia de la agencia norteamericana.
El verdadero interés: la Hidrovía
La importancia actual de los GOC excede ampliamente el problema del narcotráfico en Rosario. El interés principal de la DEA se concentra en la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las rutas logísticas más relevantes de América del Sur y escenario de una licitación estratégica que definirá buena parte del comercio exterior argentino.
La agencia estadounidense observa con especial atención los puertos, las terminales privadas y los corredores fluviales utilizados para exportaciones con destino a Europa y otros mercados internacionales. Allí es donde convergen las principales preocupaciones vinculadas al tráfico de cocaína y al lavado de activos.
En ese contexto, actores privados con intereses crecientes en la Hidrovía, como el Grupo Neuss y el empresario Gustavo Elías, aparecen bajo la lupa debido a su participación en enclaves portuarios considerados estratégicos por Washington.
Desde 2022, la DEA en Argentina está encabezada por el agente John Wallace. Bajo su conducción, la agencia profundizó su interés por los corredores fluviales y las zonas fronterizas. Su principal activo no son los operativos ni las detenciones, sino la obtención de información.
Esa preocupación quedó reflejada en el reciente informe del Global Organized Crime Index, financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El documento identifica a Rosario como uno de los principales centros de redistribución de cocaína de la región y destaca el rol del puerto sobre el Paraná dentro de las cadenas internacionales de tráfico.
Para la DEA, el problema central no son las bandas locales encargadas de la distribución minorista. Su atención está puesta en las organizaciones transnacionales que coordinan los cargamentos y utilizan la infraestructura portuaria para proyectar sus operaciones hacia otros continentes.
La misma lógica aparece en los informes anuales de la agencia, donde se advierte sobre las deficiencias de control existentes en las zonas francas argentinas y en el área aduanera especial de Tierra del Fuego, consideradas vulnerables al contrabando de dinero y drogas.
El origen de la estructura
La historia comenzó en febrero de 2016, cuando Patricia Bullrich visitó la sede central de la DEA en Arlington, Virginia.
Tras ese viaje, impulsó una serie de reformas legales destinadas a incorporar herramientas de investigación reclamadas por la agencia estadounidense. Pero el paso decisivo llegaría en 2017 con la creación formal de los Grupos Operativos Conjuntos.
Desde el inicio, la DEA impuso dos condiciones para respaldar financieramente el proyecto.
La primera quedó plasmada en la normativa: todos los aspirantes debían someterse a pruebas de polígrafo, una herramienta ampliamente utilizada por las agencias estadounidenses pese a las controversias que genera en numerosos países.
La segunda nunca fue formalizada por escrito. Durante el proceso de selección, los postulantes argentinos debían mantener entrevistas privadas con agentes de la DEA, sin presencia de funcionarios nacionales.
El resultado fue la conformación de equipos integrados por efectivos argentinos, formados por instituciones nacionales y habilitados para actuar dentro del país, pero seleccionados mediante mecanismos en los que una agencia extranjera tenía un papel determinante.
Documentación reservada del Ministerio de Seguridad, a la que tuvo acceso este medio, revela además que las fuerzas federales cuestionaron reiteradamente el funcionamiento de los GOC. Los informes internos señalaban que muchos de sus integrantes respondían operativamente a la DEA y no a sus superiores naturales.
La misma documentación indicaba que la agencia estadounidense aportaba fondos no registrados oficialmente para el pago de informantes. Según esos reportes, las erogaciones oscilaban entre 3.000 y 10.000 dólares y eran rendidas mediante planillas enviadas directamente a los agentes estadounidenses.
Consultados sobre si algunos de esos mecanismos se habían implementado sin autorización judicial argentina, los responsables de las evaluaciones respondieron afirmativamente.
Un control estratégico
La decisión de Monteoliva consolidó definitivamente esta estructura. En los hechos, el monitoreo de Rosario y de la Hidrovía quedó concentrado en una unidad cuya relación con la DEA ha sido estrecha desde su creación.
La importancia de ese corredor es difícil de exagerar. Por la Hidrovía circulan anualmente alrededor de 4.500 buques y se conectan puertos de cinco países. Se trata de una de las arterias comerciales más importantes de Sudamérica y de una vía clave para el tráfico internacional de mercancías legales e ilegales.
Más allá de la afinidad política entre el gobierno de Javier Milei y la administración estadounidense, Washington mantiene una visión crítica sobre la capacidad argentina para controlar el flujo de drogas, dinero y mercancías ilícitas que atraviesan el país.
Los últimos diagnósticos elaborados por la DEA insisten en la misma conclusión: la Argentina continúa siendo un territorio de tránsito para organizaciones criminales transnacionales, con debilidades estructurales en materia de control fronterizo, supervisión portuaria y prevención del lavado de activos.
Por esa razón, el foco estadounidense permanece donde siempre estuvo: en la información, en los corredores logísticos y, especialmente, en la vía troncal del Paraná.
