La imagen de una parte significativa del sindicalismo argentino convocando reuniones y manifestaciones para presionar al Poder Judicial en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, condenada en primera y segunda instancia por corrupción en la causa Vialidad y a la espera de un fallo de la Corte Suprema, dejó una postal impactante: una dirigencia que, en lugar de representar a los trabajadores frente al ajuste, la inflación y la precariedad, se moviliza para proteger a una ex funcionaria cuestionada judicial y éticamente.
Este gesto, que para algunos dirigentes sindicales parece una muestra de “lealtad política” o “solidaridad frente a una persecución”, se convierte —para gran parte de la opinión pública— en la expresión más descarnada de una decadencia institucional que atraviesa al sindicalismo argentino desde hace años: estructuras que operan como satélites partidarios y que han abandonado sus funciones primarias en defensa de los asalariados para asumir un rol meramente funcional a una lógica de poder que ya no representa ni moviliza a las bases.
De la huelga por salarios a la marcha por la impunidad
Históricamente, el sindicalismo argentino fue un actor clave en la vida política nacional. Desde la resistencia al golpe de 1955 hasta las huelgas generales contra las dictaduras y las grandes movilizaciones del período democrático, los gremios fueron portadores de demandas sociales, económicas y laborales. Sin embargo, la actualidad muestra un panorama bien diferente.
Mientras la inflación sigue licuando los salarios, el empleo informal se expande, las paritarias no alcanzan, y el Gobierno avanza con reformas de corte liberal que modifican el régimen laboral, muchos gremialistas eligen concentrar sus esfuerzos en sostener a una dirigenta condenada por administración fraudulenta de recursos públicos, más preocupados por los intereses de la clase política que por los de sus propios representados.
El ejemplo más reciente fue la reunión de urgencia convocada por sectores del sindicalismo alineados al kirchnerismo, como la Asociación Bancaria, ATE, SMATA, UOM y APL, entre otros. Desde esos espacios se lanzaron consignas como “la democracia está en peligro” o “con Cristina no se jode”, en clara alusión a una posible ratificación del fallo judicial que inhabilitaría a la ex presidenta a ejercer cargos públicos.
Lejos de denunciar la corrupción que empobrece al país —y que en gran medida afecta al universo del trabajo—, estos dirigentes parecen apostar a una lógica corporativa y defensiva, sin autocrítica, sin conexión con la realidad del trabajador común, y sin asumir el rol que alguna vez supieron tener como contrapeso frente al poder.
Silencio frente al ajuste, gritos frente a la Justicia
El contraste no puede ser más evidente. Mientras millones de trabajadores sufren el impacto directo de la inflación acumulada del último año, con aumentos de tarifas, pérdida de poder adquisitivo y suba del desempleo, las principales centrales sindicales han optado por una inacción llamativa o, en el mejor de los casos, por medidas aisladas y sin capacidad de presión real.
El caso de la CGT es ilustrativo: sin un plan de lucha consistente ni medidas que interpelaran al gobierno actual —o incluso al anterior— por el deterioro del salario real, ha quedado desdibujada como actor político y social, y se ha limitado a comunicados ambiguos o a convocatorias sectoriales sin mayor impacto.
En cambio, cuando la causa judicial de Cristina Kirchner vuelve a escena y se acerca una posible definición de la Corte, los gremios más ligados al kirchnerismo activan sus bases y llaman a la movilización, no en defensa del salario, la educación o la salud, sino para evitar la confirmación de una condena judicial por corrupción. Esa actitud, lejos de generar empatía, reaviva el rechazo social y profundiza la deslegitimación de las estructuras sindicales, percibidas hoy por una parte creciente de la sociedad como aparatos vacíos, funcionales a intereses políticos más que a los del pueblo trabajador.
Gremialismo como corporación: entre privilegios y distancia social
La escena también refleja una transformación estructural en el perfil de los líderes sindicales, muchos de los cuales han acumulado poder, patrimonio personal, vínculos con el Estado y permanencia en los cargos durante décadas. Son pocos los dirigentes sindicales que hoy representan con autenticidad la realidad de un trabajador argentino promedio. De hecho, la mayoría vive y opera en condiciones absolutamente disociadas del universo de necesidades que deberían representar.
La falta de renovación generacional, la ausencia de mecanismos democráticos internos, la connivencia con sectores empresariales y gubernamentales, y la escasa transparencia en el manejo de fondos han generado una percepción social negativa del sindicalismo argentino, cada vez más visto como una “casta paralela” antes que como una herramienta de defensa.
Esa pérdida de credibilidad se agudiza cada vez que la dirigencia sindical interviene para proteger a figuras políticas cuestionadas judicialmente, en lugar de hacerlo para garantizar derechos laborales, condiciones dignas de trabajo o acceso al empleo formal.
¿Y los trabajadores?
En este contexto, una pregunta queda flotando con fuerza: ¿a quién representan realmente los sindicatos que hoy movilizan por Cristina Kirchner? ¿A sus bases, compuestas por miles de trabajadores que enfrentan día a día la incertidumbre económica, o a una dirigencia política atrapada en sus propias causas judiciales?
La desconexión entre las cúpulas sindicales y las bases es cada vez más evidente. Las nuevas generaciones de trabajadores, especialmente en sectores precarizados, independientes o tecnológicos, ya no ven en los sindicatos una vía de organización real. La caída en la afiliación, la escasa renovación en las comisiones internas y la apatía frente a convocatorias tradicionales son prueba de una crisis que va más allá de lo coyuntural.
Conclusión: ¿fin de ciclo o nueva oportunidad?
La escena de los gremios marchando para evitar una condena por corrupción expone la crisis terminal de un modelo sindical que se alejó de su esencia y se aferró a un poder que hoy parece agotado. Es también una oportunidad: la necesidad urgente de repensar el sindicalismo argentino, de renovar sus liderazgos, democratizar sus estructuras y volver a poner al trabajador en el centro de su acción.
Porque si el sindicalismo no vuelve a defender los intereses del pueblo trabajador, otros actores —sin historia, sin estructuras y, muchas veces, sin responsabilidad social— ocuparán ese lugar. Y el costo no lo pagarán los dirigentes sindicales, sino los millones de argentinos que hoy no encuentran representación en nadie.
OGI – AI
